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NUEVO REGLAMENTO DE JUNTAS Y ASAMBLEAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS

El 6 de julio del 2022 se publicó, en el Suplemento del Registro Oficial Nº 99, la resolución SCVS-INC-DNCDN-2022-0010 que contiene el nuevo Reglamento de Juntas Generales o de Asamblea General de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones, de Economía Mixta y Sociedades por Acciones Simplificadas (“el Reglamento”).

Este Reglamento, expedido por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (“SCVS”), derogó al que se encontraba vigente desde noviembre del 2014.

Como primer cambio normativo, se ha establecido cuál debe ser el encabezado que deberá escribirse en las convocatorias realizadas por las empresas sujetas al control de la SCVS. Dicho encabezado, textualmente, deberá expresar lo siguiente: “CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL (DE SOCIOS, si la compañía es de responsabilidad limitada o DE ACCIONISTAS, si es anónima, en comandita por acciones o de economía mixta) y CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL (DE ACCIONISTAS, si es una Sociedad por Acciones Simplificadas) DE… (Nombre de la compañía)”.

Además, en la convocatoria deberán constar:

  1. Los medios telemáticos a los que los asistentes deberán conectarse en caso de desear comparecer de esa manera, junto con la hora y fecha de la reunión. En caso de que la junta o asamblea se instalare de forma telemática, deberán constar también la designación de la plataforma que se utilizará y las claves de acceso.
  2. Una descripción clara y exacta de los procedimientos que deberán cumplir los asistentes para participar y votar en la junta o asamblea.
  3. El derecho de solicitar información e incluir puntos en el orden del día, además del plazo para ejercer este derecho.
  4.    El procedimiento para emitir el voto a distancia y la dirección de correo electrónico a la que dirigirán la constancia de la forma en cada asistente votó por cada moción.
  5.    Y la manera de notificar la comparecencia de un tercero a nombre de un socio o accionista.

El Reglamento prohíbe exigir sigilo en relación a los libros y documentos de la administración social de la compañía, información contable y otros informes de organismos de control; y, además, concede a los accionistas que sean propietarios de al menos el cinco por ciento de las acciones, el derecho de solicitar la inclusión de puntos de orden del día o la corrección formal de los puntos del orden del día establecidos en la convocatoria dentro de las setenta y dos horas posteriores a la notificación, para lo cual el administrador o entidad convocante deberán poner en conocimiento de los otros socios o accionistas el contenido de dichos puntos en las veinticuatro horas siguientes y, de esa manera, posponer la realización de la junta o asamblea por cinco días más.

El Reglamento también suprime la obligación de realizar grabaciones digitales o magnetofónicas cuando se trate de asambleas universales, a menos que un accionista o socio lo solicite expresamente.

Por último, el Reglamento prevé la realización de juntas o asambleas no presenciales, en las que únicamente se instará a los socios o accionistas a emitir su voto sobre los puntos materia del orden del día, sin que sea necesaria la instalación formal de la sesión. En este tipo de juntas, el acta deberá ser suscrita únicamente por el representante legal y se dejará constancia de los votos afirmativos o negativos (o, en su caso, de las abstenciones)  y el porcentaje que tales votos  representan, además de adjuntar la documentación que justifique el sentido del voto.

En caso de que la junta o asamblea no presencial fuese universal, deberán firmar el acta todos los socios o accionistas y en ella constará que están de acuerdo con el orden del día. Esta acta podrá ser firmada de manera ológrafa o electrónica en un día distinto a la realización de la junta o asamblea.

A PROPÓSITO DEL FEDERALISMO

Hace más de diecisiete años tuve la oportunidad de disertar en un evento de reformas constitucionales organizado por la Comisión de Asuntos Constitucionales del entonces Congreso Nacional. Escogí un tema que lo denominé “Redefinición del Modelo Administrativo y Financiero del Estado”. Dicha exposición fue preparada a la luz de la Constitución de 1998 —que pregonaba la descentralización— y considerando el ordenamiento jurídico secundario de la época, del cual mucho está derogado. Pero más allá de aquello, existe una misma constante desde la Constitución de 2008: Estado unitario, centralización de las finanzas públicas y constitucionalización de la cuenta única del tesoro nacional.

A nivel social las exigencias de la población son mayores: se requiere más cercanía del poder con la gente y el Gobierno Central sigue creciendo enormemente en su presupuesto, al igual que los consecuentes déficits.  Si a ello sumamos la violencia que aqueja a la sociedad en muchos ámbitos, incluidas las recientes protestas y reclamos al gobierno de turno, sumado lo anterior a la constitucionalización del derecho de resistencia, se me vienen a la mente las palabras de Françoise de Chateaubriand, quien dijo que “la verdad política, cualesquiera que sean sus formas, no es más que el orden y la libertad”. Sabiduría pura que el Ecuador debe buscar y lograr.

Por lo tanto, si orientamos esa búsqueda partiendo de la premisa de que la constitucionalización del centralismo administrativo y financiero ha fracasado, nos preguntamos: ¿cuál debe ser el camino para lograr las respuestas de una sociedad que demanda vivir en orden y paz? ¿Se impone un cambio en el modelo político del Ecuador?

¿Será, entonces, el federalismo la respuesta? ¿O quizás lo sean las autonomías? ¿Es, más bien, un problema de la estructura administrativa o es que conspira la parte orgánica de la Constitución de Montecristi? Creería que mucho de todo ello. Pero, más allá del modelo político-administrativo que se adopte, existirán aspectos relacionados con el régimen o sistema financiero público (lo que engloba lo fiscal y tributario en general) que deberá diseñarse en función del modelo político que se conciba.

El debate de la centralización versus la descentralización no es nuevo en el Ecuador. Hemos contado con Constituciones como las de 1845, 1850 y 1859 que miraban hacia la descentralización, así como otras de visión más centralista como las de 1843 y 1869. No faltan aquellas con una visión ecléctica, como las de 1876 y 1884.

Recordemos que en 1908 existió la Ley de Centralización de Rentas expedida por Alfaro, que fue dictada con el objetivo de cortar los “abusos de la descentralización”.

En 1925 tomaron fuerza las ideas federalistas en pleno auge cacaotero y de lucha contra la bancocracia.  En 1930 se recogió en Guayaquil la idea del “sucre federalista” a partir de propuestas de Carlos Palacios Sáenz.

En 1938 Carlos Alberto Arroyo del Río encabezó un movimiento federalista ante la falta de apoyo de ciertos grupos del Partido Liberal a sus aspiraciones de predominio político. Siguió ese debate en 1958, protagonizado por Emilio Estrada Icaza, quien defendió la tesis del federalismo, contra Teodoro Alvarado Garaicoa, quien la rechazó por considerarla contraria a la unidad nacional.

Ya en los umbrales de este siglo surgió otra vez la idea enfocada en las autonomías provinciales, llegándose incluso a celebrar una consulta popular en la provincia del Guayas en la que, por mayoría, la población votó a favor de este concepto.

En épocas más recientes, los presidentes Mahuad y Noboa, a su turno, trabajaron con distintos grupos representativos de la sociedad civil, e incluso con ministros de Estado, a través de la Comisión para la Descentralización, las Autonomías y las Circunscripciones Territoriales, creada por decreto ejecutivo número 1567 del 14 de diciembre de 1999. Cesado el presidente Mahuad, Noboa, su sucesor, dispuso adscribir esa Comisión como organismo asesor de la Presidencia de la República.

Todos esos esfuerzos, incluso los que realizaron los presidentes Gutiérrez y Palacio, fueron desembocando en descentralizaciones de competencias a favor de entidades seccionales hasta que llegamos a la vigente Constitución del 2008, que fortalece de manera acentuada la administración central de la mano con la centralización de los recursos.

Más allá de que caminar hacia un modelo federal implicaría reformar la Constitución vigente, el federalismo, como forma de Estado, debe:

  1. Brindar soluciones racionales y modos equitativos de distribución de los ingresos tributarios e ingresos públicos en general, siempre en función del interés regional y por sobre todo el nacional.
  2. Hallar un criterio ordenador. Al respecto, recuerdo cuando Alejandro Román Armendáriz, en su último artículo publicado la edición de diario Expreso del 24 de octubre de 1999, al referirse a los proyectos de autonomía de Manabí y al preparado por el movimiento Fuerza Ecuador de Humberto Mata Espinel, escribió: “probablemente el mayor error en ambos proyectos, por supuesto superable, consiste en haberlos concebido y asentado sobre la base de la actual división territorial del país en provincias que no reflejan la realidad territorial, poblacional, económica, política ni cultural del país”.
  3. Propender al equilibrio y la justicia en la distribución de recursos, tomando en cuenta cifras y realidades locales.
  4. Fundarse en criterios técnicos y no en afanes de coyuntura electoral.
  5. Tomar en cuenta parámetros tales como: índices poblacionales; capacidad productiva de las ciudades; análisis comparativos de las recaudaciones tributarias en las distintas ciudades. Y el mismo ejercicio comparativo con índices en función de provincias; análisis comparativos de los ingresos por ciudades y provincias en función del gasto público en cada una de ellas; análisis comparativos de los ingresos municipales y provinciales generados de forma autónoma con relación a las asignaciones presupuestarias centrales, entre otros.
  6. Determinar el criterio de solidaridad nacional y cooperación, que es fundamental para ensayar cualquier clase de régimen político-administrativo sea autonómico o federal; ello con miras a salvaguardar a los cantones y provincias más pobres y vulnerables.
  7. Determinar con claridad las potestades tributarias; la posibilidad de contar con parlamentos regionales; la forma de representación ciudadana y los sistemas de elección; mecanismos de control ciudadano, rendición de cuentas y revocatorias de mandato; todo ello siempre sujeto al sistema jurídico nacional.
  8. Complementarse con la desconcentración profunda de competencias de los organismos de control y supervisión; y, en general, de la administración central.
  9. Nutrirse permanentemente de planes plurianuales de desarrollo, considerando las necesidades básicas que deben satisfacerse.
  10. Considerar la existencia de un fondo solidario de compensación con el objeto de propender al equilibrio nacional.
  11. Resolver temas como las cargas sindicales del sector público que se asuman en el nuevo modelo y lo que corresponde a la deuda externa.

¿Está preparado el país para un cambio profundo en su modelo de Estado?  Difícil pregunta y más difícil la respuesta. Pero más allá de la falta de certezas, seguir como está el Ecuador, sin reformas constitucionales en su estructura orgánica y forma de gobierno, no es viable ni admisible.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DESDE EL DISEÑO: DESARROLLO DE SISTEMAS, APLICACIONES, PRODUCTOS O SERVICIOS EN CLAVE DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La privacidad como eje

Damos por descontado que no hay aspecto de las actividades empresariales o profesionales que prescinda de los datos personales como insumo estratégico.

Sin embargo, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (“LOPDP”) les impone a quienes los utilizan varias obligaciones y responsabilidades que aún no se suelen tener en cuenta en el Ecuador.

Teniendo siempre como base la necesidad de proteger la privacidad de las personas, todos los que se apresten a emprender en el desarrollo de sistemas, aplicaciones, productos o servicios tecnológicos que usarán datos personales, deben considerar que, desde la concepción de los proyectos y en el decurso de su diseño, deberán:

  1. Identificar cuáles son las clases de usos de datos personales que podrían entrañar riesgos para los derechos de los titulares de esos datos; y,
  2. Identificar tales riesgos.

Sobre la base de lo anterior, el desarrollador deberá implementar “las medidas técnicas, organizativas y de cualquier otra índole, con miras a garantizar el cumplimiento de las obligaciones en materia de protección de datos” (39, LOPDP). En ello se resume este deber jurídico que en la LOPDP se conoce como la protección de datos personales desde el diseño.

El origen del concepto

Se le atribuye a Ann Cavoukian, excomisionada de Protección de Datos de Ontario, la idea de que la protección de los datos personales debe empezar desde las primeras etapas del desarrollo de los sistemas y productos, ello orientado bajo un doble enfoque de gestión del riesgo y, también, de responsabilidad proactiva, acerca de la cual nos referiremos al final de este documento informativo.

La privacidad desde el diseño o privacy by design (“PbD”) —por utilizar un término perfectamente equivalente al de protección de datos desde el diseño— toma en cuenta todo el ciclo vital del objeto, esto es, “todas las etapas por las que atraviesa este, desde su concepción hasta su retirada, pasando por las fases de desarrollo, puesta en producción, operación, mantenimiento y retirada”.

Los siete principios del PbD de Cavoukian

En su ponencia titulada Privacy by Design: The Definitive Workshop, Cavoukian definió los siete principios sobre los cuales debe fundarse la protección de datos desde el diseño, que seguidamente revisaremos con brevedad:

  1. Proactivo, no reactivo; preventivo, no correctivo:

El PbD implica llevar la delantera, esto es, prever qué tipo de eventos podrían afectar a la privacidad de las personas como titulares de datos personales. Para ello, deben identificarse los riesgos, precaver las amenazas y considerar las debilidades de los sistemas, aplicaciones, productos o servicios.

  1. La privacidad como configuración predeterminada:

          Los datos personales deben quedar protegidos de antemano y de manera automática en los sistemas y productos que los tratan o gestionan, para lo cual debe aplicarse el principio de minimización que, de la mano con el de pertinencia, obliga a que los datos personales estén “limitados a lo estrictamente necesario para el cumplimiento de la finalidad del tratamiento” (letra e., 10, LOPDP).

  1. Privacidad incorporada en la fase de diseño:

          La privacidad no es un elemento accesorio que se agrega al diseño de forma casi accidental como para aparentar satisfacer las exigencias de la LOPDP, sino que constituye un aspecto esencial, transversal e indisoluble que debe ser tomado en cuenta a lo largo de todo el proceso de diseño de los sistemas, aplicaciones, productos o servicios que gestionarán datos personales.

  1. Funcionalidad total: pensamiento “todos ganan”:

          La obligación de asegurar la prevalencia de la privacidad como derecho ha conducido a supuestas colisiones entre dicha obligación y la posibilidad de que los sistemas y productos puedan cumplir eficientemente los objetivos para los que van a ser diseñados y desarrollados. No obstante, a través de metodologías apropiadas, es posible conciliar ambos intereses y lograr balancearlos.

  1. Aseguramiento de la privacidad en todo el ciclo de vida:

          Todo el ciclo de vida de los datos debe garantizar la privacidad, para lo cual debe ejecutarse un análisis cabal de las formas de tratamiento que habrán de realizarse mediante los sistemas, aplicaciones, productos o servicios, tales como la recogida, el registro, la clasificación, la transmisión, entre otras, de tal manera que en todas ellas se adopten las medidas aconsejables para lograr protegerlos.

  1. Visibilidad y transparencia:

          Una medida de transparencia para podría ser, por ejemplo, la publicación de las políticas de privacidad y protección de datos adoptadas por las organizaciones, además de hacer públicos los datos de contacto de la persona o funcionario que tiene a su cargo los temas de privacidad de datos y a quien los titulares deben dirigir sus peticiones.

  1. Mantener un enfoque centrado en el usuario:

          El usuario debe ser el centro del diseño de los sistemas y productos que utilizarán sus datos personales. El usuario “debe tener un papel activo en la gestión de sus propios datos y en el control de la gestión que otros hagan de ellos”.

Las consecuencias por no implementar el PbD

La obligación de implementar el PbD es parte de la responsabilidad proactiva que, como principio, les impone a los responsables del tratamiento de datos la carga de probar que han implementado mecanismos para la protección de datos personales (letra k., 10, LOPDP).

La falta de implementación de la protección de datos personales desde el diseño es considerada como una infracción leve  (#2, 67, LOPDP) y, como tal, se sanciona con una multa que oscila entre el 0,1% y el 0,7% del volumen de negocio de la persona jurídica privada o de la empresa pública que la hubiese cometido.

Ciertamente, muchos responsables del tratamiento de datos no diseñan ni desarrollan, directamente, sistemas, aplicaciones, productos o servicios tecnológicos, pues son ajenos a su core business. Por ello, suelen encargarlos mediante diversas figuras contractuales, pero ello no les libra de la obligación de seleccionar proveedores que garanticen y sean capaces de demostrar que sus sistemas y productos, desde su diseño, han considerado a la privacidad como eje.

TRATADOS BILATERALES DE INVERSIÓN Y SU CONVENIO ARBITRAL

Introducción

La Corte Constitucional (“la Corte”) emitió un dictamen[1] mediante el cual se resolvió una acción de interpretación que tenía por finalidad determinar si el primer inciso del artículo 422 de la Constitución de la República del Ecuador  (“CRE”) incluía los tratados bilaterales de inversión (“TBI”).

Si bien la acción fue negada por improcedente,  de la sentencia ha surgido un debate interesante sobre la forma de ejercer jurisdicción soberana por parte del Estado en cuanto a la cláusula de resolución de controversias que se suscribe dentro de instrumentos internacionales, y la manera en la cual se debería aplicar —o, en su caso, dejar de aplicar— el citado primer inciso del artículo 422 CRE.

Hay que tener presente, por cierto, que durante el gobierno que entregó el mando el 24 de mayo del 2017 fueron denunciados, esto es, unilateralmente extinguidos, todos los TBI que el Ecuador había suscrito por considerarlos lesivos a la “soberanía jurisdiccional” del país; y que, a pesar de lo anterior, durante el período 2021-2022 se han suscrito contratos de inversión por más de dos mil ciento cuarenta y cuatro millones de dólares, sin contar con mecanismos que, a nivel internacional, brinden seguridades económicas adicionales para el inversionista.

Alcance del primer inciso del artículo 422 CRE

La CRE señala en el primer inciso del artículo 422 que:

No se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas”.

Utilizando una interpretación restrictiva, el Ecuador, en principio, se encuentra imposibilitado de suscribir convenios arbitrales que confieran competencias jurisdiccionales específicas a tribunales arbitrales internacionales, dado que, con la norma transcrita de la CRE, se pretendió proteger al Estado de tribunales arbitrales internacionales que suelen imponer en sus laudos sanciones más severas.

Entonces, cualquier acuerdo que implique la resolución de controversias en una instancia internacional se traduciría —al decir del constituyente— en una forma cesión de jurisdicción soberana. Sin embargo, es necesario determinar si los TBI, por ser considerados instrumentos internacionales, deben entenderse o no comprendidos dentro del primer inciso del 422 CRE.

Aplicación del artículo 422 CRE a los TBI

Los TBI son acuerdos o instrumentos internacionales que buscan la protección recíproca de las inversiones que realizan los nacionales de un Estado en el territorio de la nación que las recibe. Al pactarse en ellos arbitraje internacional, se pretende usar un mecanismo neutral de solución de controversias que permita dilucidar si ha existido o no la vulneración al TBI que, eventualmente, pudiere alegarse.

Si bien el primer inciso del 422 CRE alude a las “disputas contractuales o de índole comercial”, hay que destacar que las obligaciones cuyo incumplimiento puede dar pie a una disputa se acuerdan siempre en el marco de los contratos de inversión[2] y no dentro de los TBI.

Las “disputas contractuales” surgen por el mero incumplimiento de las obligaciones contraídas por una de las partes en virtud del contrato de inversión, mientras que las “disputas de índole comercial”[3] se materializan en las propias cláusulas que, si bien no engloban una obligación principal, son determinantes para el cumplimiento de aquella.

Ahora bien, en el caso de que se pretenda aplicar el primer inciso del 422 CRE con miras a la suscripción de un TBI se estaría cometiendo un error por la simple razón de que, dentro de este tipo de instrumentos internacionales, no se regulan obligaciones contractuales, ni siquiera las de índole mercantil, puesto que la finalidad del TBI es acordar las garantías mínimas que el Estado receptor debe respetarle al inversionista del Estado desde donde la inversión se origina.

Por ello, la materia que un tribunal arbitral internacional y neutral conocerá al momento en el que un Estado incumpla con lo dispuesto en un TBI no es contractual ni va ligada al contrato de inversión que mantenga cada inversionista, sino que deberá referirse al cumplimiento o incumplimiento de las garantías que el propio Estado debe brindar a sus inversionistas bajo dicho TBI.

Creemos que al brindarle a los inversionistas neutralidad en cuanto a la resolución de conflictos, además de otras garantías propicias, el Ecuador definitivamente podría incrementar los niveles de inversión extranjera.

[1] No. 2-18-IC/22

[2] Contrato de inversión es un acuerdo entre Estado y persona en el que se estipulan las condiciones mínimas de inversión requeridas por el Estado al inversionista, quien, a su vez, recibe como contraprestación determinadas seguridades. Así, por ejemplo, la exoneración tributaria en cuanto a la transferencia de utilidades al exterior y en lo que respecta al pago del Impuesto a la Renta durante el plazo de vigencia del contrato.

[3] Las “disputas de índole comercial” surgen de los desacuerdos en aspectos que, si bien no forman parte del objeto del contrato, pueden llegar a afectarlo. Así por ejemplo: los índices financieros para el cálculo de endeudamiento; liquidez, inversiones y/o compras; tasas de interés; términos o técnicas en la realización de pericias sobre ciertos acontecimientos, entre otros. Al respecto, se recomienda incluir las cláusulas denominadas “Expert Determination” o “Dispute Review Boards” en aquellos contratos que se basan en criterios económicos o tecnológicos que tienden a cambiar con el paso del tiempo.

CONTRATOS DE INVERSIÓN COMO VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN DE INVERSIONES EN EL ECUADOR

Uno de los objetivos más importantes del actual gobierno consiste en acumular treinta mil millones de dólares en inversiones productivas durante los siguientes cuatro años. Para este fin, la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia COVID-19 (“Ley Orgánica para el Desarrollo Económico”), publicada el 29 de noviembre del 2021, creó incentivos que, se espera, permitirían alcanzar esta meta mediante la instauración de ventajas tributarias y de seguridad jurídica que logren garantizar la protección de las inversiones.

Entre los mecanismos que, para satisfacer aquella meta, contempla la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico, consta el de la suscripción de contratos de inversión entre el inversionista y el Estado. Los requisitos y el procedimiento para suscribirlos los recoge, principalmente, el Código Orgánico de la Producción, Inversiones y Comercio (“COPCI”).

Los contratos de inversión, en esencia, tienen las siguientes características:

  • Se suscriben por escritura pública en conjunto con la autoridad que presida el Comité Estratégico de Promoción y Atracción de Inversiones.
  • Proporcionan a los inversionistas mecanismos que permiten proteger sus inversiones de los vaivenes normativos, tan característicos de nuestro país.
  • Establecen incentivos tributarios que permiten que los inversionistas inicien o amplíen sus actividades económicas con una rebaja de su carga impositiva, como lo es, por ejemplo, la reducción de cinco puntos porcentuales en la tarifa del Impuesto a la Renta por el plazo de la inversión señalado en el contrato. Este incentivo es de aplicación directa y el inversionista no está obligado a obtener ninguna otra autorización, registro o permiso adicional.
  • Pueden incluir la exoneración del Impuesto a la Salida de Divisas por pagos efectuados por importación de bienes de capital y materias primas.
  • Es posible pactar arbitraje, nacional o internacional, para dirimir las controversias que se susciten entre las partes en la ejecución o interpretación de los contratos de inversión o de las obligaciones contractuales contraídas por los suscriptores, lo que evita tener que litigar contra el Estado en las cortes nacionales.

Uno de los principales beneficios radica en la estabilidad jurídica de la inversión al momento de la suscripción del acuerdo de voluntades. Esto se traduce en que toda la normativa que fuere declarada como esencial para el desarrollo de un inversión concreta, se entenderá como “congelada” al momento de la celebración del contrato de inversión y, por ende, vigente por todo su plazo de duración.

Las inversiones protegidas por estos instrumentos son aquellas que consistan en el flujo de recursos para ampliar la capacidad productiva y generar empleos nuevos, o las que fueren destinadas a aumentar el acervo de capital de la economía mediante la inversión en activos productivos, que permitan ampliar la capacidad y el nivel de producción de bienes y servicios, además de generar empleos, especialmente en los sectores priorizados con incentivos sectoriales, tales como:

  • Agricultura y elaboración de alimentos;
  • Actividades petroquímicas y oleoquímicas;
  • Energías renovables;
  • Servicios logísticos de comercio exterior; y,
  • Exportación de servicios, industrias de materiales y tecnologías de construcción sustentable, entre otros.

También están incluidos los proyectos relacionados con las asociaciones público-privadas, servicios públicos o sectores estratégicos.

Para pedir la suscripción del contrato de inversión hay que concurrir ante el ente rector en materia de inversiones, quien realizará un informe técnico-legal y, en caso de ser necesario, solicitará el dictamen favorable del ente rector de las finanzas públicas. En caso de que el pedido no fuese contestado, se entenderá que el informe es favorable y le corresponderá al Comité Estratégico de Promoción y Atracción de Inversiones suscribir el contrato de inversión.

De acuerdo con el Reglamento de Inversiones del COPCI, el trámite para la suscripción del contrato toma alrededor de cuarenta y cinco días laborables. La Ley Orgánica para el Desarrollo Económico, no obstante, redujo los tiempos de tramitación de estos contratos a más de la mitad, haciéndolos mucho más eficientes y accesibles para los inversionistas.

En Consulegis Abogados tenemos experiencia en la protección de inversiones, así como en diversos mecanismos de delegación público-privada de proyectos. Podemos acreditar la suscripción de contratos que amparan inversiones por más de dos mil quinientos millones de dólares en diversos sectores, industrias y regiones del Ecuador. Contamos con el equipo para ofrecer asesoría especializada en un campo complejo que no admite improvisaciones.

EL FUTURO DE LAS ZEDEs

La publicación del Código Orgánico de la Producción, Inversiones y Comercio (“COPCI”) trajo, en el año 2010, muchas novedades a nuestro sistema jurídico; una de ellas: las Zonas Especiales de Desarrollo Económico, ZEDEs, que venían a reemplazar a las Zonas Francas. Así, las ZEDEs se concibieron como destinos aduaneros que podían reactivar la economía, generar empleo y generar nuevas inversiones con ciertas tipologías de servicios que inicialmente fueron: (i) tecnología e innovación; (ii) operaciones de diversificación industrial; y, (iii) servicios logísticos. A estas tipologías luego se sumaron los servicios turísticos.

Para ello, el propio COPCI incluyó una serie de incentivos para este régimen, como lo son la exención del pago de tributos al comercio exterior; importación de bienes con tarifa 0% de IVA (con ciertas limitaciones); y, entre otros, el derecho a crédito tributario por el IVA pagado en compra de materias primas, insumos y servicios provenientes del territorio nacional, que luego se incorporen al proceso productivo de los operadores y administradores de ZEDEs.

Con la publicación de la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal (“Ley de Fomento Productivo”), se reforzaron los incentivos tributarios de las ZEDEs al agregarles la exoneración de Impuesto a la Renta y su anticipo por 10 años a partir del primer ejercicio fiscal en el que se generen ingresos operacionales, así como una rebaja del 10% de la tarifa de Impuesto a la Renta después de que expire la exoneración.

A la presente fecha hay seis ZEDEs autorizadas a lo largo del territorio nacional y un sinnúmero de reglamentos, manuales, ordenanzas y resoluciones publicados para regular el funcionamiento interno de las ZEDEs.

¿Por qué doce años después de su instauración como destino aduanero las ZEDEs —y su futuro— merecen una mención? Es que con la publicación de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia COVID-19 (“Ley Orgánica para el Desarrollo Económico”) se derogó uno de los incentivos más atractivos para los operadores y administradores de las ZEDEs: la exoneración del Impuesto a la Renta por el plazo de diez años. A pesar de la derogatoria, los inversionistas igual podrían gozar de un beneficio similar al suscribir un contrato de inversión con el Estado al amparo de lo establecido en el COPCI[1]; sin embargo, el incentivo que brinda esta figura jurídica es inferior (5% de reducción a la tarifa de Impuesto a la Renta).

El pasado 23 de febrero del 2022 el Ejecutivo presentó a la Asamblea el Proyecto de Ley de Fomento Productivo. Dicho proyecto pretendía volver a instaurar las zonas francas para que estas coexistan con las ZEDEs, aunque haciéndoles extensivos los incentivos tributarios de las zonas francas a las ZEDEs. No obstante, la Asamblea resolvió archivar el proyecto y el Gobierno, lejos de crear las condiciones para atraer inversiones, terminó reduciéndolas, teniendo en cuenta la derogatoria de los incentivos tributarios de las ZEDEs y que los incentivos tributarios que pretendían aprobar fueron a parar en algún cajón de la Asamblea.

La estabilidad jurídica y tributaria de las ZEDEs aprobadas está salvaguardada por derechos adquiridos y porque, además, ello ha sido expresamente recogido en el Reglamento de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico. Esperemos que los incentivos existentes y que la calidad normativa de la regulación secundaria emitida para el funcionamiento de este régimen sea suficiente para que las nuevas inversiones se canalicen a través de nuevas ZEDEs y que estas puedan cumplir el objetivo para el que fueron inicialmente creadas: ser polos de desarrollo y de inversión.

[1] Para más información sobre este tema, les invitamos a leer el artículo “Contratos de Inversión como Vehículos de Protección de Inversiones en Ecuador”, escrito por Hugo Hermosa Bermúdez.

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN HEREDITARIA EN EL ECUADOR

Con la vigencia del numeral 2 del artículo 43 de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia del COVID-19 (en adelante, “el Decreto-Ley”), publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial Nº 587 del 29 de noviembre del 2021 —que dispuso la exoneración del impuesto a la herencia entre padres e hijos, al igual que a la cónyuge cuando no existan hijos—, muchas personas se han despreocupado de planificar, en vida, el destino que tendrán sus bienes tras su fallecimiento.  Ello ocurre, en algunos casos, porque sabiendo que los herederos no tendrán cargas fiscales, la preocupación se disipa.

No obstante, en muchos otros casos las relaciones de familia, el número de hijos, la cantidad de bienes, la existencia de negocios en marcha o la magnitud del patrimonio de una persona, hacen que el hecho de la exoneración tributaria anteriormente indicada no sea motivo suficiente para dejar de lado una planificación tributaria hereditaria en vida.

Más allá de quienes, en lo que respecta a sus inversiones internacionales, recurren a diversos vehículos jurídicos y contratos lícitos como el trust, fundaciones de interés privado, seguros de vida, entre otros, no es menos cierto que, precisamente, la dispensa del impuesto a la herencia dispuesta por el Decreto-Ley permite planificar de mejor modo la sucesión, utilizando para ello figuras tradicionales del Derecho Civil y otras ya consolidadas en nuestro Derecho Comercial, como lo es el fideicomiso mercantil.

A la larga, tener estructurados y debidamente previstos los efectos jurídicos que devienen de la muerte, en tal o cual sentido, brindará tranquilidad a los herederos puesto que les evitará engorrosos procesos judiciales que van desde la apertura de a sucesión, hasta culminar con la partición de bienes; siempre y cuando, claro está, que no se presenten conflictos en el camino.

De manera didáctica he esquematizado la siguiente clasificación de las distintas instituciones jurídicas existentes según varios criterios, con el objeto de tener claras sus características y, así, facilitar la decisión de asesoría en función de necesidades específicas.

 

  Fideicomiso

Civil

Fideicomiso

Mercantil

Usufructo Testamento
La causa y

finalidad del acto jurídico

Lo inspira una “doble liberalidad” del fideicomitente, sea en favor del fideicomisario o del fiduciario si no se cumple la condición. La “causa fiduciaria” puede ser gratuita u onerosa a favor del beneficiario designado por contrato. La causa del acto jurídico puede ser gratuita u onerosa. Se puede establecer usufructo sin contraprestación a cambio o al contrario. Acto hecho en vida con efectos luego de la muerte del testador, gratuito por naturaleza. Lo fundamental será respetar las legítimas.
Partes Fideicomitente, usualmente uno solo, pero podría ser más de uno. Fiduciario que puede ser uno o más de uno y, a falta de designación, el propio fideicomitente. El o los fideicomisarios designados pueden comparecer al acto jurídico. Uno o más de uno en relaciones complejas, a más de fideicomitentes adherentes. En el Ecuador, el fiduciario es siempre una sociedad administradora de fondos y fideicomisos. El propietario, que transfiere el derecho real de usufructo al usufructuario, quedándose aquél con la nuda propiedad. El testador, que instituye las asignaciones testamentarias de diversa naturaleza a favor de los asignatarios designados en el acto unilateral solemne.

 

  Fideicomiso

Civil

Fideicomiso

Mercantil

Usufructo Testamento
Derechos

que se confieren

El o los fideicomisarios tienen solo meras expectativas dada la    “condicionalidad” de su derecho. No obstante, pueden solicitar medidas conservativas. Los beneficiarios tienen derechos instituidos por ley y en el contrato mismo, salvo que sea condicional y se sujeten sus derechos para ser exigibles al cumplimiento de condiciones suspensivas. El derecho del usufructuario es un derecho real (se ejerce erga omnes). Confiere, entonces, propiedad del usufructo lo cual tiene relevancia, sobre todo en el caso de inmuebles. Producida la muerte y la aceptación de la asignación testamentaria, confiere los derechos previstos en el testamento, aun cuando puedan existir asignaciones condicionales o sujetas a modalidad.
La condición en el

acto jurídico

Es un elemento de la esencia de la propiedad fiduciaria civil, que precisamente grava el dominio pleno del fiduciario. Es un elemento accidental del contrato de fideicomiso mercantil, no de su esencia.

 

Es un elemento accidental del acto jurídico. Pueden existir tanto asignaciones condicionales como asignaciones a día con valor de condiciones.
El dominio

respecto de las partes

Si la condición falla, el fiduciario puede legalmente llegar a ser dueño, salvo otro efecto contractual; si se cumple la condición, pasa el bien al fideicomisario. Está prohibido que el fiduciario se haga dueño de los bienes que administra. El patrimonio autónomo en algún momento se extingue, pasando los bienes a los beneficiarios de acuerdo con el contrato. El nudo propietario es dueño de ello, desprovisto del derecho de usufructo. El usufructuario es dueño del derecho real de usufructo. Producida la aceptación de la asignación luego del fallecimiento, el asignatario se convierte en dueño por el hecho de la muerte.
Patrimonio especial

o autónomo

La propiedad fiduciaria pasa al dominio del fiduciario y no existe separación alguna de las cosas ni patrimonio autónomo. Por disposición de ley es inembargable. Usualmente es un patrimonio separado, especial, autónomo y, en el caso ecuatoriano, dotado de personalidad jurídica por mandato de ley, del cual el fiduciario es su representante legal. Es inembargable de las deudas de fideicomitente, fiduciario y beneficiarios. Se separa el derecho de propiedad en nuda propiedad y en usufructo, que pasan a ser de sus respectivos titulares. El dominio adquirido por el asignatario es pleno, sin perjuicio de las asignaciones condicionales y aquellas sujetas a modalidad.
Naturaleza jurídica

de la propiedad

Para el fiduciario es una limitación al dominio pleno, de forma tal que cuando la “condición” para la transferencia al fideicomisario falla (es decir, no se cumple), consolida a su favor la propiedad plena. De allí que se diga que, en rigor, es un acto fundado en una doble liberalidad del fideicomitente. El fiduciario en el Ecuador es representante legal de un patrimonio autónomo en función de un encargo remunerado. Ello quiere decir que el dueño de los bienes es el patrimonio autónomo mismo, denominado, al igual que el contrato, “fideicomiso mercantil”. La nuda propiedad queda desprovista del derecho de usufructo y el usufructuario goza de su característica erga omnes de naturaleza real. El dominio pleno del testador, respetando legítimas, es lo que determina su capacidad para testar con un objeto válido, siendo que el dominio que adquiere el asignatario también será pleno, salvo en los casos de las asignaciones modales y las condicionales.

 

 

  Fideicomiso

Civil

Fideicomiso

Mercantil

Usufructo Testamento
Forma del

acto jurídico

Puede ser contractual, pero se contemplan las asignaciones testamentarias que pueden conformar fideicomiso (condicionales). Es decir, se puede constituir por testamento. En el Ecuador el fideicomiso mercantil es exclusivamente contractual y por mandato de ley, no siendo aplicable por analogía lo previsto en el Código Civil para el fideicomiso civil. Normalmente es de fuente contractual. El testamento es un acto unilateral que otorga el testador, sujeto a solemnidades.

 

Concluyo señalando que, muchas veces, la combinación de estas figuras jurídicas tradicionales brindará una sinergia útil y asequible a nivel local, tanto para personas como para compañías, sin perjuicio de estudiar en cada caso sus efectos en relación a los impuestos indirectos que están legalmente establecidos para el usufructo, las exenciones propias de las transferencias a título de fideicomiso mercantil, las restituciones gravadas de aquellas exentas, así como otros detalles puntuales aplicables a cada necesidad requerida y diseño específicamente concebido para el efecto.

Ley orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia del covid-19

TERCERA ENTREGA

Hemos dejado para esta tercera entrega un tema novedoso: la transacción como medio de extinción de las obligaciones tributarias, esto es, la posibilidad de finiquitarlas a través de un acuerdo entre el contribuyente y la autoridad competente.

Incorporada al ordenamiento jurídico ecuatoriano a través de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia del COVID-19, pondremos en relieve algunos de sus aspectos más significativos.

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS SUSCEPTIBLES DE TRANSACCIÓN

Pueden ser objeto de transacción:

  1. La determinación y recaudación de la obligación tributaria, sus intereses, recargos y multas.
  2. Los plazos y las facilidades de pago de la obligación.
  3. Los aspectos fácticos de valoración incierta durante la fase de determinación o dentro de procesos contenciosos.

EFECTOS GENERALES DE LA TRANSACCIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA

  1. La transacción genera efectos únicamente para las partes que intervinieron en ella.
  2. El acta transaccional no podrá impugnarse en vía administrativa ni judicial.
  3. Bajo ningún concepto se considerará que una transacción implica la novación de la obligación.

OPORTUNIDADES PARA CELEBRAR LA TRANSACCIÓN

Hay dos momentos u oportunidades durante los cuales es posible celebrar la transacción:

  1. De forma extraprocesal:

De manera general, es procedente la transacción extraprocesal respecto de las obligaciones tributarias y los actos administrativos emanados de las facultades de la administración tributaria cuya impugnación en sede judicial no estuviere pendiente.

Es válida y surte efectos si y solo si se instrumenta en un acta de mediación suscrita por un mediador calificado, de conformidad con lo establecido en la Ley de Arbitraje y Mediación.

Los costos del proceso de mediación deben ser asumidos por quien la solicite.

Particularmente, procede:         

  • En los casos en los que, habiendo comenzado el proceso de determinación por parte del sujeto activo, esta no hubiere concluido con acto administrativo contentivo de una obligación de dar, o incluso en la sustanciación de un reclamo administrativo.
  • En los casos de obligaciones tributarias contenidas en actos administrativos de determinación tributaria firmes o ejecutoriados que no hubiesen sido impugnados en sede judicial.
  • Si la obligación tributaria se encuentra en fase de ejecución coactiva hasta antes de verificarse el pago total.
  1. De forma intraprocesal:

Es aplicable para obligaciones tributarias impugnadas en sede judicial, ya se trate de impugnaciones a actos administrativos tributarios, ya fuere en acciones especiales (como las de excepciones a la coactiva o a la acción tendiente a la declaración de prescripción de créditos tributarios, intereses y multas), o de cualquier otro tipo de acción judicial cuya competencia corresponda al Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario.

Es procedente durante la audiencia preliminar o en la audiencia única, según fuere el caso, conforme con las reglas de la conciliación y la transacción previstas en el Código Orgánico General de Procesos y en el Código Tributario.

CONSULEGIS ABOGADOS
Ana Julia Estrada García
aestrada@lex.ec
DIVISIÓN TRIBUTARIA

Dos Reflexiones Jurídicas A Partir de la Exoneración Parcial del Impuesto a la Herencia

LO QUE DISPONE LA NUEVA LEY

El número 2 del artículo 43 de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia del COVID-19 (en adelante, “el Decreto-Ley”), publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial Nº 587 del 29 de noviembre del 2021, dispone:

“Se exonera del pago del Impuesto a la Herencia a los beneficiarios dentro del primer grado de consanguinidad con el causante. Tampoco causará el impuesto en el caso de que el beneficiario sea uno de los cónyuges supervivientes, siempre que no existan hijos que puedan acceder a la masa hereditaria”.

Adicionalmente, la Disposición Transitoria Décima del Decreto-Ley prevé que las personas que tuvieren que declarar o pagar los valores correspondientes al Impuesto a la Renta (“IR”), originado por herencias “a consecuencia del fallecimiento de sus familiares entre el 15 de marzo de 2020 y 31 de diciembre de 2021”, se beneficiarán de la exoneración. Es decir, se estableció un beneficio retroactivo, probablemente inspirado en que el Ecuador sufrió miles de pérdidas humanas en los momentos más duros de la pandemia.

PRIMERA REFLEXIÓN: LA CUESTIÓN DEL DERECHO DE REPRESENTACIÓN

Como la exoneración del impuesto a la herencia únicamente beneficia a los hijos (que son los beneficiarios directos en primer grado de consanguinidad), y dado que solo a falta de ellos opera el beneficio en favor del cónyuge sobreviviente, surgen dos preguntas:

  1. Si la pandemia se cobró miles de vidas humanas, ¿por qué no se propuso una derogación total en lugar de una exoneración parcial, toda vez que muchas muertes sufridas en miles de hogares ecuatorianos, como es lógico suponer, no han respetado orden de sucesión alguno?
  2. ¿Qué va a ocurrir con aquellas personas que, por derecho de representación, son beneficiarias de herencias a las que hubiesen tenido derecho sus ascendientes fallecidos?

La respuesta a la primera inquietud queda en el mundo de lo político o del análisis del Ministerio de Finanzas, pero la respuesta jurídica a la segunda interrogante es esta: el hijo de un padre fallecido no se beneficiará de la exoneración en caso de que, por derecho de representación de su padre o madre fallecido, herede, por ejemplo, los bienes de su abuelo 1.

Así, bajo supuesto anterior, la herencia estaría gravada con la nueva tabla incorporada por el número 1 del artículo 43 del Decreto-Ley; tabla que contempla impuestos progresivos que van del 5% hasta el 37% en el caso de herencias superiores a US$100,000.oo, en atención a que el heredero por derecho de representación no es, en rigor, “beneficiario dentro del primer grado de consanguinidad con el causante”.

SEGUNDA REFLEXIÓN: EL HECHO GENERADOR DE UNA HERENCIA ES HABERLA ACEPTADO EXPRESA O TÁCITAMENTE; POR LO TANTO, SE BENEFICIAN CON LA DEROGACIÓN INCLUSO QUIENES AÚN NO LA HUBIEREN ACEPTADO.

Por otro lado, la forma en que se ha redactado la Transitoria Décima podría desencadenar un injusto tributario si la Administración Tributaria llega a interpretar o aplicar erróneamente la legislación vigente.

Hay que recordar que desde el 2016, por disposición legal, los sujetos pasivos declaran el impuesto dentro del plazo de seis meses a contarse desde la aceptación expresa o tácita de la herencia, de conformidad con el Código Civil.

La regla precedente fue consecuencia de la reforma que, en el literal d) de su artículo 36, sufrió la Ley de Régimen Tributario (“LRTI”) tras expedirse la Ley Orgánica para Evitar la Elusión del Impuesto a la Herencia Sobre Ingresos Provenientes de Herencias, Legados y Donaciones, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial Nº 802 del 21 de julio del 2016, que a su vez desplazó al Reglamento para la Aplicación de la LRTI y que disponía que el impuesto se debía pagar en seis meses desde la muerte del causante.

Como se ha indicado, el artículo 43 del Decreto-Ley dispone la exoneración del pago del impuesto a la herencia para los beneficiarios que estuvieren comprendidos dentro del primer grado de consanguinidad con el causante, así como al cónyuge sobreviviente, siempre que no existieren hijos. Sin embargo, el aludido artículo únicamente reforma uno de los incisos de la letra d) del artículo 36, por lo que el resto de disposiciones continúan vigentes.

Si bien la Transitoria Décima tiene el afán de beneficiar retroactivamente a potenciales herederos, no incluye expresamente a todos los que deben beneficiarse ya que, al amparo del régimen legal vigente, el hecho generador para el nacimiento de la obligación tributaria del pago del impuesto a la herencia (para los casos no exonerados) no es la muerte de una persona, sino la aceptación expresa o tácita de la herencia.

Así concebido, el hecho generador continúa previsto en la LRTI desde el 2016 tal como se ha indicado y no ha sufrido reforma legal expresa. Por lo tanto, existen potenciales herederos que hasta la fecha no han aceptado herencias y, como consecuencia de ello, no ha operado el hecho generador del impuesto a la herencia, que sigue siendo la aceptación expresa o tácita de la herencia.

En conclusión, en aplicación irrestricta de la ley, los hijos de un padre fallecido que, a la fecha, no han aceptado aún la herencia y que lo hicieren a partir del 29 de noviembre de 2021, están exonerados del impuesto ya que, al configurarse el hecho generador (la aceptación de la herencia) no existiendo ya el impuesto, deben estar exentos de aquel.

En estricto derecho, en estos casos el Servicio de Rentas Internas debería otorgar los certificados de exoneración correspondientes.

CONSULEGIS ABOGADOS
Roberto González Torre
rgonzalez@lex.ec
DIVISIÓN CORPORATIVA


1 La sucesión por derecho de representación es aplicable cuando el fallecido no ha dejado testamento. Tal como lo define el artículo 1024 del Código Civil, se trata de una “ficción legal en que se supone que una persona tiene el lugar y por consiguiente el grado de parentesco y los derechos hereditarios que tendría su padre o madre, si éste o ésta no quisiese o no pudiese suceder”. Ello ocurre cuando, verbi gratia, fallece el padre antes que el abuelo. Los hijos de ese padre fallecido pasan a ocupar, jurídicamente, el lugar que le hubiese correspondido en la sucesión de los bienes del abuelo.

Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia del COVID-19

SEGUNDA ENTREGA

En esta segunda entrega continuamos con el análisis de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia del COVID-19, que consta publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial Nº 587 del 29 de noviembre del 2021.

GASTOS PERSONALES COMO REBAJA DEL IMPUESTO A LA RENTA

  1. Se elimina la deducción de gastos personales.
  2. Se establece la rebaja del Impuesto a la Renta (“IR”) por gastos personales[1]; rebaja que será aplicable antes de imputar créditos tributarios a los que haya lugar de conforrmidad con la ley. Para establecer el monto máximo de la rebaja señalada, se deberá considerar lo siguiente:
    • Si la renta bruta anual no excede de 2,13 fracciones básicas desgravadas (US$24,090.13) se establece una rebaja de hasta el 20% de los gastos personales.
    • Si la renta bruta anual excede de 2,13 fracciones básicas desgravadas una rebaja de hasta el 10% de los gastos personales.
    • Se aplicará la siguiente fórmula:

R = L x 20% ó 10%

R = Rebaja por gastos personales

L= El valor que resulte menor entre los gastos personales declarados del período fiscal anual y el valor de la canasta básica multiplicado por siete.

RÉGIMEN IMPOSITIVO DE IMPUESTO A LA RENTA PARA EMPRENDEDORES Y NEGOCIOS POPULARES (RIMPE)

  1. Se elimina el Régimen Impositivo Simplicado (RISE) y el Régimen de Microempresas.
  2. Se consideran como parte del RIMPE a todos los sujetos pasivos del RISE y del Régimen de Microempresas.
  3. Pertenecen al RIMPE aquellas personas naturales y jurídicas cuyos ingresos brutos anuales fueren superiores a cero y con un máximo de hasta US$300,000.oo.
  4. Se calcula con los ingresos brutos obtenidos hasta el 31 de diciembre del año anterior.
  5. No se considerarán dentro del RIMPE a las personas naturales o jurídicas cuya actividad económica gire en torno a la prestación de servicios profesionales, transporte, actividades agropecuarias, comercializadoras de combustibles, entre otras.
  6. La tabla aplicable será la siguiente:
Límite  Inferior Límite Superior Impuesto a la Fracción Básica Tipo Marginal
  US$20,000.oo US$60.oo 0,oo%
  US$20,000.01   US$50,000.oo US$60.oo 1,oo%
  US$50,000.01   US$75,000.oo US$360.oo 1,25%
  US$75,000.01 US$100,000.oo US$672.50 1,50%
US$100,000.01 US$200,000.oo US$1,047.50 1,75%
US$200,000.01 US$300,000.oo US$2,797.52 2.oo%

DE LA RESPONSABILIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL

El representante legal de una persona jurídica no será ya responsable solidario, en el ámbito tributario, de las obligaciones que se deriven de su gestión, salvo dolo o culpa grave.

INCENTIVO TRIBUTARIO PARA EL DESARROLLO DE INVERSIONES

Se evidencian aspectos relevantes en relación a los incentivos tributarios para el desarrollo de inversiones. Así, por ejemplo:

  1. A través de una entre varias reformas realizadas en el Código de la Producción, Comercio e Inversiones (“COPCI”) ha quedado eliminada la exoneración del Impuesto a la Renta por inversiones nuevas.
  2. Las sociedades nuevas que se constituyan en fecha posterior a la vigencia de la ley, así como las sociedades nuevas que se constituyeren por sociedades existentes, lo mismo que las inversiones nuevas de sociedades existentes, gozarán de los siguientes incentivos tributarios:
  • Una reducción de tres (3) puntos porcentuales sobre la tarifa del IR aplicable hasta por quince años.
  • Y siempre y cuando se suscriba un contrato de inversión en los términos del COPCI, se podrá obtener una reducción de cinco (5) puntos porcentuales sobre la tarifa del IR.

Estos incentivos sustituyen a los que estuvieron recogidos en la Ley de Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, Estabilidad y Equilibrio Fiscal.

  1. Se confiere estabilidad tributaria sobre los beneficios e incentivos concedidos hasta la finalización de sus inversiones para aquellas sociedades que se constituyeron a partir de la vigencia de la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal.
  2. Aquellas sociedades exoneradas del pago del IR por cinco años contados desde el primero en el que generaron ingresos atribuibles a la nueva inversión, mantendrán dicha exoneración hasta su finalización (esto respecto a las personas jurídicas constituidas a partir de la vigencia del COPCI).

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (“IVA”)

  1. No estarán gravados con IVA:
    • Servicios prestados por establecimientos de alojamiento turístico a turistas extranjeros.
    • Toallas sanitarias, tampones, copas menstruales y pañales desechables populares.
    • Mascarillas, oxímetros, alcohol y gel antibacterial superior al 70% de concentración.
    • Biocombustibles y gas natural, destinados al consumo interno del país.
  2. Estarán gravados con IVA:
    • Servicios prestados por clubes sociales y gremios profesionales.
    • Cocinas y ollas eléctricas, calefones, entre otros.
    • Luces LED.
    • Suministro de dominios de página web, servidores (hosting), computación en la nube.

IMPUESTO A LA HERENCIA

  1. Se exonera del pago de este impuesto a los herederos del causante que se encuentren dentro del primer grado de consanguinidad.
  2. De no existir hijos entre el causante y su cónyuge, el superviviente estará exonerado del pago de este impuesto.
  3. Además, serán beneficiarios de la exoneración incorporada por la ley aquellos incrementos patrimoniales de origen hereditario en aquellos casos en los que el fallecimiento hubiese ocurrido entre el 15 de marzo de 2020 y el 31 de diciembre de 2021.

INGRESOS EXONERADOS DEL IMPUESTO A LA RENTA

  1. Quedan exentos del IR los ingresos generados por personas naturales respecto a la enajenación ocasional de inmuebles, siempre que se trate de inmuebles destinados a vivienda, incluyendo sus bienes accesorios tales como parqueos, bodegas y similares, así como los terrenos.
  2. Adicionalmente, la Disposición Transitoria Decimoquinta establece que no se causará el IR que grava la enajenación ocasional de inmuebles realizada por personas naturales o sociedades, en la primera transferencia de dominio del respectivo bien raíz que se realice a partir de la vigencia de la ley y hasta cinco años después de su promulgación en el Registro Oficial. Esta exención no será aplicable para quienes obtuvieron ingresos gravados provenientes de las actividades de urbanización, lotización, transferencia de inmuebles y otras similares.

TARIFA ÚNICA RESPECTO AL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO A LA UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES

Se establece una tarifa única del 10% respecto al Impuesto a la Renta Único a la Utilidad en la Enajenación de Acciones. De esta manera, queda eliminada la tabla progresiva que antes existía.

CADUCIDAD DE LA FACULTAD DETERMINADORA

La facultad determinadora caducará:

  1. En cuatro años contados a partir de la fecha en que el sujeto pasivo presentó la declaración;

y,

  1. Si no presentó declaración, en seis años.

 

Consulegis Abogados
Ana Julia Estrada García
aestrada@lex.ec
División Tributaria

[1] Para el presente caso, los gastos personales corresponden a los realizados por concepto de arriendo o pago de intereses para adquisición de vivienda, alimentación, pago de pensiones alimenticias fijadas en actas de mediación o resolución judicial, vestimenta, turismo nacional, salud y educación.