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Ley orgánica de protección de datos personales. Primera parte

Introducción

El 26 de mayo de 2021 fue publicada, en el Quinto Suplemento del Registro Oficial Nº 459, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (“LOPDP”), que regula las formas de acceso y decisión sobre los datos personales para sus titulares y, a su vez, busca la protección de esos datos mediante el establecimiento de mecanismos de tutela.

El ámbito de aplicación de la norma abarca el tratamiento[1] de los datos personales que constan en cualquier tipo de soporte, sea automatizado o no, y cualquier modalidad de uso posterior, pero excluye a:

  1. Las personas naturales que usen datos personales en realización de actividades dométicas o familiares.
  2.    Las personas fallecidas.
  3.    Los datos anonimizados, es decir, cuando le sean aplicadas medidas que impidan la identificabilidad del titular. Si es posible determinar la identificación del titular, le serán aplicables las normas establecidas por la LOPDP.
  4.    Las actividades periodísticas o contenidos editoriales.
  5.    Los datos personales regulados por normativa equivalente o de mayor rango en materia de desastres naturales o seguridad y defensa del estado.
  6.    Los datos o bases de datos que consten en registros de prevención, investigación, detección y enjuiciamiento o ejecución  de sanciones de infracciones penales.
  7.    Y los datos de identificación de las personas jurídicas.

También se consideran como datos públicos los relacionados al contacto de profesionales, así como los datos de comerciantes, representantes, socios y accionistas de personas jurídicas y servidores públicos,  siempre que estén relacionados a su profesión u oficio. En el caso de servidores públicos, también será de acceso público el historial de la declaración patrimonial y la remuneración que perciba.

Los efectos de la LOPDP se aplicarán cuando: (i) el tratamiento de datos se realice en el territorio ecuatoriano; y, (ii) el responsable o encargado del tratamiento de datos esté domiciliado en jurisdicción ecuatoriana o, en caso de estar domiciliados en el exterior, si los titulares de los datos residieren en el país o si la legislación nacional fuere aplicable en virtud de un contrato o por regulaciones del Derecho Internacional Público.

Licitud del tratamiento de datos personales y derechos del titular

La LOPDP establece que el tratamiento de datos personales es lícito cuando se lo realiza, entre otros motivos:

  1. Por consentimiento del titular para una finalidad específica, que incluye el consentimiento para la ejecución de medidas precontractuales o ejecución de contratos. El consentimineto debe ser libre, específico, informado e inequívoco y podrá ser revocado en cualquier momento y no tendrá efecto retroactivo.
  2.    Por el ejercicio de poderes públicos derivados de una competencia atribuida por una norma de rango legal, o por el cumplimiento de una obligación legal o de una orden judicial.
  3.    Cuando los datos constan en un registro de acceso público y, por último, cuando sea para satisfacer un interés legítimo o intereses vitales del titular de los datos. En este caso, el tratamiento de datos será realizado sobre los datos estrictamente necesarios, garantizando la transpariencia a su titular y la total apertura a la Autoridad de Protección de Datos.

Uno de los principios trascendentes de LOPDP es que el tratamiento se debe realizar en función de una finalidad específica, explícita, legítima, debidamente comunicada al titular; y que los datos no pueden ser alterados o utilizados para otro fin, a menos que sean compatibles con su finalidad inicial.

La LOPDP consagra varios principios, entre ellos, el de minimización de recopilación, con el fin de que los datos recopilados sean los estrictamente necesarios; el de confidencialidad; y las obligaciones que tiene el responsable del tratamiento de datos en cuanto a la actualización, integridad, precisión, verificabilidad y exactitud de los datos. Esta obligación no es exigible cuando los datos han sido proporcionados directamente por el titular, o si hubiesen sido obtenidos por un intermediario o si fuesen obtenidos de un registro público.

En caso de duda sobre el alcance de normas legales o contractuales, las autoridades administrativas o judiciales aplicarán la interpretación más favorable para el titular de los datos.

El titular de los datos podrá ejercer los derechos de información; acceso a la información, rectificación y actualización; eliminación; oposición o negativa al tratamiento de sus datos y derecho a portabilidad, salvo las excepciones establecidas en el artículo 18, entre las que destacan la incapacidad del titular para ejercer sus derechos cuando los datos sean necesarios para la ejecución de un contrato o una orden emitida por una autoridad pública o judicial, o cuando pueda afectar a terceros.

La LOPDP también otorga al titular el derecho a la suspensión del tratamiento de manera condicionada; el derecho a no ser objeto de una decisión basada en valoraciones automatizadas; y los derechos de consulta y educación digital sobre el tratamiento de datos personales.

El ejercicio de los derechos de los menores de quince años tendrá que canalizarse a través de su representante legal, mientras que los mayores de esa edad podrán ejercerlos de manera directa ante las autoridades públicas.

Disposiciones específicas relativas a ciertos datos personales

La Ley categoriza a los datos personales de la siguiente manera:

  1. Datos sensibles, que son los que corresponden a etnia, género, identidad cultural, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición migratoria, orientación sexual, salud, datos biométricos o genéricos y cualquier otro cuyo tratamiento pueda prestarse para conductas discriminatorias o que atenten o puedan atentar al ejercicio de derechos y libertadores fundamentales.
  2. Datos de niños y adolescentes.
  3. Datos de salud, concernientes a la condición médica física y mental del titular.
  4. Datos de personas con discapacidad y sus sustitutos.

Los titulares de derechos sucesorios tendrán derecho al acceso, rectificación y actualización o eliminación de datos de personas fallecidas.

También se podrán tratar los datos relacionados al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones comerciales o crediticias con la única finalidad de evaluar la solvencia patrimonial o crediticia del titular de esos datos.

Los titulares de datos crediticios tendrán derecho al acceso gratuito a su información propia, así como a conocer, de manera clara y precisa, la condición de su historial de crédito. De igual manera, podrán exigir que las fuentes de información actualicen, rectifiquen o eliminen la información que fuese ilícita, falsa, inexacta, errónea, incompleta o caduca.

Transferencia o comunicación y acceso a datos personales por terceros

La transferencia de datos deberá realizarse para el cumplimiento de fines directamente relacionados a las funciones de quien los trate y con el consentimiento del titular.

No se considerará como transferencia cuando un encargado del tratamiento o un tercero  acceda a los datos con motivo de la prestación de servicios que brinda a favor del responsable de la base de datos, pero ello deberá estar regulado por un contrato donde se establezca, de manera clara y precisa, que se tratarán datos únicamente conforme a las instrucciones del responsable de la base de datos y no para otras finalidades. En tal caso, el encargado y el tercero serán responsables por infracciones derivadas del incumplimiento de condiciones del tratamiento de datos personales[2].

Medidas de seguridad

El responsable del tratamiento de datos personales o sus encargados deberán tomar en cuenta las categorías de los datos y su volumen, el estado de la técnica y las mejores prácticas de seguridad integral. Por tal razón, se deberá implementar un sistema de verificación, eficacia y efectividad de medidas de carácter técnico y organizativo, tales como:

  1. Medidas de anomización.
  2.    Medidas para mantener la confidencialidad.
  3.    Y medidas dirigidas a la mejora de resiliencia técnica, física, administrativa o jurídica.

En caso de vulneración de la seguridad de la base de datos, el responsable deberá notificar dentro de un término no mayor a cinco días a la Autoridad de Protección de Datos Personales y a la Agencia de Regulación y Control de las Comunicaciones. Tratándose del encargado, deberá notificarle al responsable de la base de datos la vulneración en dos días. El titular de la información deberá ser notificado dentro de los tres días posteriores a la vulneración de la información.

Consulegis Abogados
Hugo Hermosa Bermúdez
jhermosa@lex.ec

 

[1] La palabra tratamiento en la LOPDP tiene un significado específico, pues, conforme al glosario de términos y definiciones que aparece en su artículo 4, de manera general podríamos señalar que con este vocablo se alude a cualquier forma de uso de datos personales, bien se que se lo haga de manera automatizada (total o parcialmente) o no.

[2] La LOPDP define el encargado como aquella persona natural o jurídica, pública o privada, autoridad pública u otro organismo, que por sí mismos o conjuntamente con otros trate datos personales, “a nombre y por cuenta de un responsable de tratamiento de datos personales”. Y se considera como responsable a la persona natural o jurídica, pública o privada, autoridad pública u otro organismo, que por sí mismos o conjuntamente con otros, tiene capacidad para decidir “sobre la finalidad y el tratamiento de datos personales”. El responsable y el encargado, junto con la Autoridad de Protección de Datos Personales, son los principales integrantes del sistema de protección de datos personales, conforme lo veremos en mayor detalle en la segunda parte de este informe.

LAS PRENDAS Y FIANZAS EN EL NUEVO CÓDIGO DE COMERCIO

Seguidamente destacaremos los aspectos normativos más relevantes abordados por el nuevo Código de Comercio en relación a las prendas y fianzas.

El contrato de prenda en general

Es un contrato que se debe celebrar por escrito y que está sujeto a solemnidades. La falta del instrumento escrito conllevará que la prenda no surta efecto.

Se divide en tres clases: (i) prenda comercial ordinaria; (ii) prenda agrícola; y (iii) prenda industrial.

La prenda especial de comercio especial, que en 1960 había sido incorporada al derogado Código de Comercio, ha sido suprimida.

El contrato de prenda comercial ordinaria

Para la prenda de títulos a la orden, basta con el endoso al reverso en el que conste la leyenda “valor en garantía” y otros equivalentes. Además, en la prenda de acciones y otros títulos nominativos, se dejará constancia de la constitución de la prenda en el libro de acciones y accionistas de la compañía. En la prenda de títulos al portador, se perfeccionará el contrato con la entrega del título.

El acreedor que detenta la cosa dada en prenda debe ejecutar todos los actos para la conservación de la cosa prendada. La tenencia de la prenda se presume si la cosa se halla en algún almacén o nave del acreedor, o con su comisionista, o en un depósito público a su disposición. En caso de que la cosa estuviere en tránsito, se probará con la carta de porte o conocimiento de embarque endosado a su favor.

En la prenda de créditos que estuviesen en poder del acreedor, este tiene derecho a cobrar las sumas que se hicieren exigibles. El acreedor se reembolsará con preferencia de los gastos que le causare la prenda y, luego de que esté satisfecho su crédito y de los gastos hechos, deberá rendir cuentas.

En el contrato deben constar, necesariamente, las condiciones del préstamo; si fuere dinero, la cantidad adeudada y, en caso de que sea otra la obligación, la descripción de aquella. También debe constar la descripción de la cosa dada en prenda de tal forma que pueda ser individualizada e identificable.

En caso de destrucción de los ejemplares del contrato de prenda y si, además, existiere renuencia del deudor de suscribir un nuevo documento, el acreedor podrá hacer valer el derecho de prenda a base de cualquier documento que acredite su existencia, o mediante algún hecho que haga razonable pensar la existencia de la prenda.

Los contratos de prenda agrícola y de prenda industrial

En la prenda agrícola o industrial, el derecho de prenda del acreedor recae sobre bienes que no dejan de estar en posesión del deudor.

Se puede constituir prenda agrícola sobre: (i) animales y sus aumentos; (ii) frutos de toda clase, pendientes y cosechados; (iii) productos forestales y de industrias agrícolas; (iv) maquinarias y aperos agrícolas y, en general, sobre cualquier otro género o especie animal que pueda criarse, cultivarse y desarrollarse cuyo lote, depósito, piscina , reservorio o cualquier otra característica sea identificable.

Por otro lado, se puede constituir prenda industrial sobre: (i) maquinarias industriales; (ii) instalaciones de explotación industrial; (iii) herramientas y utensilios industriales; (iv) elementos de trabajo industrial de cualquier clase; (v) animales destinados al servicio de cualquier industria; y, (vi) productos que han sido transformados industrialmente. Para la prenda de bienes muebles que se consideran inmuebles por destinación, en caso de que la finca se encuentre hipotecada, se necesitará permiso de la permiso del acreedor hipotecario.

En el caso de prenda sobre ganado, se registrará una marca y, sobre el ganado prendado, se le aplicará dicha marca. En el contrato se hará constar la clase, edad, sexo, marca o señal, calidad y cantidad del ganado. Si se quisieren prendar otras especies no identificables por marca pero sí por ubicación, lugar de cría o depósito, este se deberá señalar en el contrato, junto con la determinación de la especie que se cría, el número o volumen cosechado o depositado y el volumen proyectado de producción.

Estos bienes no podrán ser embargados por otros acreedores,  a menos que los hayan empeñado o comprendido en hipoteca por contrato anterior.

El deudor puede terminar el contrato en cualquier momento antes de que venza, pagando en su totalidad el capital y los intereses y, adicionalmente, la cantidad correspondiente a un mes de intereses.

Los derechos del acreedor prendario prescriben en dos años del vencimiento del plazo, lo que no limita a exigir lo estipulado pero sin el beneficio de prenda.

En caso de pérdida o deterioro de la prenda, el acreedor podrá exigir que se mejore la prenda  o que consientan en otra seguridad equivalente. En caso de que los bienes sobre los que se constituyó la prenda estuvieren asegurados, la póliza de seguro se extenderá a favor del acreedor.

El deudor puede vender los frutos de los bienes sobre los que se constituye la prenda, pero no los podrá vender sin aviso del contrato de prenda al comprador ni tampoco los podrá entregar sin permiso del acreedor prendario, so pena de incurrir en el delito de estafa.

El deudor no puede remover los objetos sobre los que se constituyó la prenda sin el consentimiento del acreedor, a menos que sean animales, automóviles o vagones que deban moverse para cumplir los fines o propósitos de los labores de la finca o industria en los que son utilizados o para las labores o usos inherentes a su naturaleza y objeto.

El acreedor también tiene derecho a inspeccionar los bienes sobre los que recae la prenda, incluso con ayuda de la fuerza pública si fuese necesario.

En caso de que el deudor intentare traspasar la tenencia del bien inmueble donde se encuentran los bienes prendados, el acreedor podrá pedir el secuestro y la anticresis o prenda pretoria de la finca o industria, para pagarse con los frutos.

Sobre el contrato de fianza.

El contrato de fianza es una convención expresa de garantía personal en virtud del cual un tercero ajeno al negocio se compromete a responder por el cumplimiento ante el acreedor, de manera subsidiaria o solidaria. La naturaleza de la fianza es siempre mercantil.

El contrato deberá constar en instrumento escrito y se podrá pactar una retribución por la responsabilidad que el fiador toma sobre sí.

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