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Consulegis Abogados inaugura su División Tributaria con Ana Julia Estrada García

Ana Julia Estrada García, abogada con reconocida experiencia en el ámbito tributario, se incorpora al equipo de Consulegis Abogados y, de esta manera, inauguramos con ella nuestra División Tributaria.

Ana Julia es abogada por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y detenta un máster en Práctica Tributaria por el prestigioso Centro de Estudios Garrigues de Madrid.

Ana Julia —quien durante una parte de sus estudios universitarios realizó sus prácticas preprofesionales precisamente en Consulegis Abogados— fue por varios años procuradora fiscal del Servicio de Rentas Internas. Su paso por la Administración Tributaria le sirvió para familiarizarse y litigar en aspectos complejos del ámbito impositivo, lo que incluyó el exitoso patrocinio y la defensa de causas ante la Corte Nacional de Justicia.

Al concluir su etapa como funcionaria del Estado, Ana Julia retomó el libre ejercicio de su profesión y se ha concentrado de manera exhaustiva en devolución de impuestos nacionales (Renta, IVA, ISD, entre otros), así como en reclamos administrativos, acompañamiento en procesos de control iniciados por la Administración Tributaria, control preventivo e impugnaciones judiciales.

Ana Julia se ha enfocado también, y con mucha solvencia, en precios de transferencia y en la aplicación de convenios para evitar la doble imposición, campos en los que, por su alta complejidad, muy pocos abogados se desenvuelven.

El ingreso de Ana Julia nos permitirá ofrecerles a nuestros clientes asesoría en un área imprescindible que complementará a nuestras demás divisiones especializadas.

Agosto, 2021

José Leopoldo Quirós Rumbea se incorpora como asociado de Consulegis Abogados en Quito

José Leopoldo Quirós Rumbea, que hasta hace poco se desempeñó como director general de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), se ha incorporado como nuevo asociado de Consulegis en nuestras oficinas de Quito.

Leopoldo es abogado por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y obtuvo un máster en Gobierno y Administración Pública por Universidad Internacional Menéndez Pelayo en colaboración con el Instituto Universitario de Investigación José Ortega y Gasset.

En el ejercicio de la función pública, Leopoldo ocupó también los cargos de director de Gestión de Causas de la Secretaría Anticorrupción y director de Gestión Sectorial de la Secretaría Particular de la Presidencia de la República del Ecuador.

Debido su paso por la UAFE y gracias a sus destacadas ejecutorias a nivel nacional e internacional, Leopoldo fue designado Vice-Chair del Área de Asistencia Técnica y Capacitaciones del denominado Grupo Egmont con el apoyo de cuarenta países, un organismo que aglutina a 164 unidades de inteligencia financiera y que le ha permitido al Ecuador “intercambiar información, conocimientos y tecnología  sobre análisis financiero en pro de la lucha coordinada contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo alrededor del mundo”, tal como en su día lo informó la entidad en su boletín de prensa.

Con el ingreso de Leopoldo esperamos reforzar la División de Litigios de Consulegis y, a su vez, ampliar las áreas de práctica en compliance para continuar brindando un mejor y eficiente servicio a nuestros clientes.

Julio, 2021

 

Cambio De Domicilio De Las Sociedades Ecuatorianas Al Extranjero

Una de las reformas más novedosas introducidas por la Ley de Modernización a la Ley de Compañías (“LMLC”) consiste en el traslado de domicilio de las sociedades ecuatorianas al extranjero. No creemos que es necesario entrar en lo minucioso del proceso desarrollado por los artículos 419C y siguientes, incorporados a la Ley de Compañías (“LC”) por la LMLC; sin embargo, sí vale la pena que para considerar la aplicación de esta figura, los empresarios tengan presente:

  • El Estado que escojan para el traslado del domicilio de la compañía debe permitir el mantenimiento de la personalidad jurídica de esta sociedad. Nada se menciona respecto acerca de que si debe mantener la misma forma social, o si se podría adoptar otra forma para hacer viable el cambio (v. g.: si la compañía ecuatoriana tiene la forma de una sociedad anónima, el país del nuevo domicilio debería prever que pueda establecerse allí como sociedad anónima).
  • La migración social al extranjero tiene como consecuencia inevitable la cancelación de la compañía en el Ecuador, esto es, su extinción jurídica en nuestro país.
  • El traslado de domicilio al extranjero implica seguir un procedimiento que se inicia con la decisión de la junta general de la sociedad. Dicho traslado debe ser aprobado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (“SCVS”); debe aprobarse o inscribirse el cambio de domicilio en el Estado de destino; y, finalmente, debe cancelarse la inscripción en el Registro Mercantil correspondiente.

Dos temas relevantes saltan a la vista, pues la LMLC incluye: (i) El derecho de separación de la sociedad de los socios disidentes o no concurrentes a la junta general que tome la decisión de modificar su domicilio; y, (ii) la responsabilidad solidaria del representante legal y accionistas que hubieren ratificado la inexistencia de las obligaciones pendientes de la sociedad, una vez inscrita la cancelación de la compañía en el Registro Mercantil.

En otras jurisdicciones, como es el caso de la Unión Europea, el eje del largo debate de la discusión del traspaso internacional de domicilio ha girado en torno a la preocupación frente a los derechos de los accionistas minoritarios, los de los trabajadores y los de los acreedores de la sociedad. Valga la pena decir que dicho debate se ha suscitado no solo a nivel del Parlamento Europeo, sino que también en sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues este último sostiene que el Derecho de la Unión Europea reconoce la libertad de establecimiento. Al respecto, la LMLC no aborda la afectación que una decisión semejante podría tener respecto de los trabajadores, por lo que se aplicaría lo previsto en el artículo 193 del Código de Trabajo para el caso de liquidación del negocio. La LMLC, sin embargo, sí aborda —como vemos— los asuntos que conciernen a los accionistas minoritarios y los acreedores.

Respecto de los accionistas minoritarios, la problemática es normada en forma similar a la Ley de Sociedades de Capitales española en lo que toca a la sociedad anónima europea (SAE), en la que, además del derecho de separación de los socios, se exige que la decisión de modificar el domicilio se tome con una mayoría reforzada del setenta y cinco por ciento.

En cuanto a los acreedores, la LMLC se distancia de lo que la legislación española prevé para la SAE, dado que nuestra legislación hace responsables, de forma solidaria e ilimitada, a quienes hubiesen realizado declaraciones respecto de la inexistencia de obligaciones pendientes de la sociedad; responsabilidad que sobreviene a la relocación de la compañía. A diferencia de la LMLC, la norma española busca ir un poco más allá: concede no solo un derecho de oposición a los acreedores al cambio de domicilio, sino que también otorga un derecho de oposición al Gobierno, por razones de interés público.

En cuanto a la normativa nacional, quizás lo más interesante de este tema será la aplicación práctica que se le dé a este conjunto de disposiciones en el corto y medio plazo. Seguramente, razones de índole tributario o para acreditar experiencia de la sociedad en determinada situación (licitaciones, concursos públicos, entre otros), pueden llevar a las compañías a aplicar este procedimiento. Sin embargo, esperamos que este procedimiento no se convierta en una herramienta para eludir el ordenamiento ecuatoriano, o que se aplique motivado por fuga de capitales por la situación económica y política del Ecuador.

 

CONSULEGIS ABOGADOS
Tatiana Vernaza Gonzenbach
tvernaza@lex.ec

División Corporativa

 

La Asunción de Pasivos y la Cesión Global del Patrimonio en Ley de Modernización a la Ley de Compañías

Asunción de pasivos de compañías

La Ley de Modernización a la Ley de Compañías (“LMLC”) prevé la posibilidad para aquellas compañías que tengan pasivos, de que puedan acogerse al trámite abreviado de disolución, liquidación y cancelación. No obstante, los socios o accionistas deberán asumir las obligaciones de la sociedad previo a iniciar el procedimiento abreviado. La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (“SCVS”) deberá reglamentar su aplicación.

Cesión global del patrimonio

 A partir de la LMLC, las compañías podrán transferir, en bloque, la totalidad de sus activos y pasivos a favor de: (i) uno o varios socios o accionistas de la misma sociedad; o, (ii) terceros.

Esta figura presenta, entre otros, los siguientes requisitos:

  1. Requiere la existencia de una contraprestación (lo que imposibilita realizarla a título gratuito), que no podrá consistir en acciones o participaciones del cesionario y que deberá ser repartida a cada socio o accionista en proporción a su participación en el capital social;
  2. Deberá ser aprobada unánimemente por la Junta General y otorgada por escritura pública;
  3. La cesión no requerirá ser aprobada en sede administrativa por la SCVS;
  4. Se sujetará a los requerimientos de las transferencias de empresas como unidades económicas, reguladas en el Código de Comercio[1]; y,
  5. Perfeccionada la cesión, a petición de la compañía cedente, la SCVS emitirá la correspondiente resolución de cancelación, que deberá ser inscrita en el Registro Mercantil. En caso de cancelarse, las obligaciones solidarias atribuibles a la extinta compañía serán asumidas por sus socios o accionistas.

CONSULEGIS ABOGADOS
Santiago Cisneros Bejarano
scisneros@lex.ec

 

[1] Particularmente, el Título III del Libro V del Código de Comercio.

Compliance en el Derecho Penal Ecuatoriano

La publicación de la Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal en Materia Anticorrupción, en el Segundo Suplemento del Registro Oficial Nº 392 del 17 de febrero de 2021, incorporó a la legislación ecuatoriana, por primera vez, la creación de sistemas de cumplimiento normativo y de buen gobierno corporativo como “atenuante” (posibilidad de rebaja de pena) a la responsabilidad penal de la persona jurídica privada.

La reforma entra en el detalle de crear una directriz y, a la vez, establecer los requisitos mínimos de las prácticas preventivas que, en esta materia, deben tener las compañías. Por ejemplo: sistemas de integridad; normas, programas y políticas de cumplimiento, prevención y supervisión; y creación de órganos internos o autónomos que cumplan estas funciones, según el tamaño del negocio.

Específicamente, se pide a las empresas identificar actividades y controles internos con riesgo, además de realizar supervisión y monitoreo a través de evaluaciones. También se exigen modelos de gestión financiera, canales de denuncias, códigos de ética, capacitación del personal, establecimiento de mecanismos de investigación, sanciones, además del due diligence para los clientes.

Entre lo más relevante, la reforma crea también el nuevo delito de “actos de corrupción en el sector privado”, extrayendo, de los tradicionales delitos contra la administración pública, conductas como el cohecho, la concusión y el tráfico de influencias, que son incorporadas dentro de un tipo penal que busca evitar que quienes representan o hacen gestiones a favor de una persona jurídica, puedan exigir o aceptar beneficios materiales o inmateriales para cumplir o no sus deberes. La reforma incluye la apropiación indebida de bienes de la empresa por parte de empleados y funcionarios.

A pesar de que la reforma tiene muchas inconsistencias, el paso está dado y no hay marcha atrás: las empresas, corporaciones y demás personas que actúan en el ámbito privado, tienen que ponerse al día en prácticas “compliance”. Al efecto, deberán reformar y/o dictar estatutos y reglamentos; instructivos de comportamiento de sus representantes, directores, órganos corporativos e inclusive empleados; así como implementar sistemas de diligencia debida, en lo que corresponde a la gestión del negocio y a su relación con los clientes.

CONSULEGIS ABOGADOS

Carlos Cortaza Vinueza

ccortaza@lex.ec

División Litigiosa

Normas para el buen gobierno corporativo – Tercera Parte

Nuestra tercera y última entrega sobre las Normas para el Buen Gobierno Corporativo (en adelante, NBGC) versa sobre recomendaciones para el buen manejo de la compañía, a través de un adecuado cumplimiento de la ley. La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (en adelante, SCVS), propone la implementación de una arquitectura de control, transparencia de información financiera y no financiera, y de medidas para mitigar la corrupción empresarial.  

Arquitectura de control

La arquitectura de control aglutina el buen manejo, control y ambiente interno de la compañía. Es un sistema estructurado para brindarle a la compañía seguridad razonable al momento del traspaso de información entre distintos grupos o niveles de la misma.  

El Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Comission (COSO), reconoce que en toda estructura de negocios es indispensable la existencia de distintos órganos encargados de gestionar riesgos presentes y futuros, realizar el control interno de las comunicaciones de la compañía y monitorear el cumplimiento de las políticas del buen gobierno corporativo. 

Para aplicar adecuadamente la arquitectura de control, el Directorio debería promover y crear: (i) un comité encargado de la gestión de riesgos; (ii) un comité de auditoría interna que trabaje en relación con los auditores externos; y, (iii) un comité encargado del traspaso de información real y actualizada. Los accionistas no deberán formar parte de este tipo de comités.

 Estos órganos pueden existir dentro de la sociedad sin perjuicio de lo que dispone la Ley de Compañías en cuanto a la obligación de tener auditores externos y comisarios (dependiendo del tipo de compañía).

 Se sugiere la incorporación de esta figura ya que, tener una sólida estructura interna de control, aporta a la confianza entre accionistas con los terceros encargados de obtener y emitir información relevante a la compañía que se suele utilizar en las sesiones ordinarias de la Junta General.

 Transparencia de información financiera y no financiera

La transparencia es un principio fundamental del buen gobierno corporativo. Ello supone el derecho que tiene todo accionista a ser informado sobre cualquier actividad o cambio dentro del giro del negocio. En todo caso, es recomendable establecer esta obligación expresamente dentro del contrato social.

 En el contexto de la transparencia, las NBGC abordan los conflictos de intereses. Por lo general, este tipo de conflicto se suscita cuando la sociedad mantiene una relación jurídica con una parte vinculada; más aún, cuando esa parte vinculada cuenta con capacidad decisoria o capacidad para aprobar resoluciones de la Junta General y dirigir las actividades de la compañía.

 En vista de lo expuesto, se recomienda que los directores comuniquen a los accionistas y al representante legal en caso de contar con acciones o participaciones de la compañía. Además, en caso de creerlo necesario, y posterior a la culminación de sus funciones, sería plausible que se suscriba un convenio de no competencia por un plazo de dos años entre directores y la sociedad.

 Sin embargo, de encontrarse la compañía en medio de un conflicto de intereses, las NBGC recomiendan lo siguiente: 

  • Establecer que los administradores, directores o los accionistas de control, tienen la obligación de transparentar ante el Directorio todos los hechos materiales asociados a un conflicto de intereses;
  • Que el Comité de Auditoría evalúe y ponga en conocimiento de la Junta la intención de enajenar un bien de la compañía hacia una de las partes vinculadas, para así determinar si existe o no conflicto;
  • Requerir, antes de la aprobación de una transacción con partes relacionadas que supongan la enajenación del 10% o más de los activos de la compañía, una revisión independiente por parte de un revisor externo a la sociedad e independiente de los contratantes y de los miembros del Directorio; y,
  • Establecer que el Directorio apruebe la transacción con por lo menos el 75% de los votos de los directores concurrentes a la sesión, para que así sean puestas en conocimiento de la Junta General de Accionistas.

 Medidas para mitigar la corrupción empresarial  

Entre otras recomendaciones para el buen gobierno corporativo, la SCVS establece una serie de medidas tendientes a prevenir, mitigar o remediar eventuales daños que se deriven de actos de corrupción. A continuación, las más relevantes:  

  • Para combatir el cohecho o las solicitudes de soborno y extorsión, las NBGC sugieren la implementación de un Reglamento de Compliance Corporativo y prácticas anticorrupción, así como un Código de Ética y unas políticas y procedimientos anticorrupción. 
  • Adicionalmente, para incrementar la transparencia en sus actividades, las empresas deben divulgar los sistemas de gestión y controles internos, programas y medidas de ética y cumplimiento o las medidas adoptadas. En la misma línea, deberán establecer adecuados canales de comunicación entre la compañía y aquellos que conocieren de cualquier práctica indebida dentro de ella.
  • De creerlo conveniente, las compañías que resuelvan implementar las NBGC pueden designar un oficial de cumplimiento con la función estatutaria de supervisar la eficacia de los controles internos anticorrupción de la compañía.

 Finalmente, las NBGC ofrecen un marco para los reglamentos de compliance corporativo y prácticas anticorrupción. Estos reglamentos deben cumplir los siguientes requisitos: (i) identificación de las actividades en las que se podrían llevar a cabo actos de corrupción; (ii) implementación de un código de ética o de conducta al que se sometan todos los sujetos de la compañía, de tal forma que coadyuden a prevenir la comisión de esta clase de delitos; (iii) fijación de reglas y procedimientos para prevenir delitos en el ámbito de concursos y procesos de licitación de contratación pública; (iv) establecimiento de un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas determinadas en el reglamento; (v) establecimiento de una política de protección de denunciantes contra represalias, fijando así, canales internos de denuncia de irregularidades, abiertos a terceros y adecuadamente difundidos; y, (vi) la debida diligencia durante el la implementación de actos societarios, adquisiciones y demás contrataciones, que permita verificar la ocurrencia de irregularidades o hechos ilícitos.

 

CONSULEGIS ABOGADOS

Manuela Castro Jalil (Ed.), mcastro@lex.ec 
Santiago Cisneros Bejarano, scisneros@lex.ec 
Carlos A. Martínez Cevallos, camartinez@lex.ec 
Santiago Martínez Cevallos, smartinez@lex.ec 
Ibeliza Vera Martin, ivera@lex.ec 

Normas para el buen gobierno corporativo – Segunda Parte

En esta segunda entrega retomamos las recomendaciones de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (en adelante, SCVS), en los temas referentes al Directorio y el Gobierno Familiar y dentro del contexto de las Normas del Buen Gobierno Corporativo (en adelante, NBGC).

El Directorio

Como novedad, las NBGC permiten la comparecencia virtual. El Directorio puede instalarse y sesionar con la comparecencia de directores a través de medios digitales o tecnológicos, no sin antes dejar constancia de aquello mediante correo electrónico. Adicionalmente, si no se transcribe el acta, pero se graba un audio o video, la grabación será suficiente prueba de la celebración de la sesión, siempre que sea guardada por el secretario en un archivo electrónico que forme parte del expediente. En este caso, la grabación debe enviarse a los directores para que cada uno guarde una copia de la grabación.

 El Directorio deberá tener el número de miembros que resulte razonable para asegurar su operatividad y el trabajo de cada director, tomando en cuenta que se recomienda que el número de directores sea impar, recomendándose cinco directores como mínimo y once como máximo.

 El Directorio debe representar el mayor porcentaje de capital posible, guardando siempre un buen equilibrio. Debe estar compuesto por directores ejecutivos, quienes tienen funciones de alta dirección de la compañía; no ejecutivos, que representan directamente a los accionistas; y, directores independientes, que, aunque no se encuentren vinculados a la gestión ordinaria de la compañía y a sus accionistas, representan el conjunto de intereses generales y difusos que concurren en ella.

 Tal como se ha estructurado tradicionalmente, el Directorio debe estar dirigido por un Presidente con el apoyo de un secretario. Sin embargo, las NBGC introducen la posibilidad de acordar la existencia de un Consejo Consultivo y de formar comités especializados. Entre los comités que propone la SCVS, destacan: el Comité de Auditoría, el Comité de Remuneraciones  y Nombramientos y el Comité de Gestión de Riesgo. 

 El Comité de Auditoría brinda apoyo a los auditores interno y externo, para facilitar una relación adecuada con el Directorio. Por su parte, el Comité de Nombramientos y Remuneraciones, encausa el proceso de designación de directores, asegura la capacitación continua de directores y presenta una propuesta anual de remuneración. Por último, el Comité de Gestión de Riesgo es el responsable de determinar la naturaleza y alcance de los principales riesgos operacionales, así como su adecuado control y gestión.

 Finalmente, retomando el principio de trato equitativo en el buen gobierno corporativo, otra novedad destacada es que los accionistas minoritarios tienen derecho a designar un Director Independiente.

 Gobierno Familiar

Las NBGC se refieren, además, al Gobierno Familiar, como un medio para preservar el control total o mayoritario del capital social, los valores y la cultura de la familia en la estructura societaria. En este sentido, la SCVS recomienda que el Gobierno Familiar se realice a través de mecanismos como la Asamblea Familiar y/o el Consejo de Familia; y, además, que aquellos se materialicen mediante un documento denominado Protocolo Familiar.

 La resolución a la que este informe se refiere, establece la Asamblea Familiar como institución dirigida a fomentar la unión, el compromiso y la concordia entre los miembros de la familia que es parte del entramado societario. Por otro lado, el Consejo de Familia debe, idealmente, representar a cada rama o estirpe de la familia, servir de vínculo entre ella y con respecto al Directorio y a la dirección de la compañía.

 El Protocolo Familiar al que se hizo referencia anteriormente, tiene como objetivo formalizar la estructuración de la familia y su continuación temporal en la compañía, de manera que se eviten conflictos, existan mayores garantías y se mantenga la excelencia en la dirección de la sociedad. La SCVS, acertadamente, recomienda establecer el Protocolo por instrumento escrito privado. Se sugiere que consten, entre otros, los derechos de acceso a la información contable, los planes de sucesión y de contingencia, la vigencia y, por supuesto, las normas para la actualización del protocolo.

 CONSULEGIS ABOGADOS

Manuela Castro Jalil (Ed.), mcastro@lex.ec 
Santiago Cisneros Bejarano, scisneros@lex.ec 
Carlos A. Martínez Cevallos, camartinez@lex.ec 
Santiago Martínez Cevallos, smartinez@lex.ec 
Ibeliza Vera Martin, ivera@lex.ec  

 

Normas para el buen gobierno corporativo – Primera Parte

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (en adelante, SCVS) aprobó, mediante resolución, las Normas del Buen Gobierno Corporativo (en adelante, NBGC). Constituyen, en suma, unas recomendaciones para promover la transparencia de información, el compliance y para evitar conflictos entre socios o accionistas, protegiendo así los intereses de una compañía. A través de tres entregas, les informaremos cuáles son los aspectos más destacados de las NBGC.

La presente entrega versa sobre el principio fundamental para un buen gobierno corporativo: el trato equitativo. Además, recoge las recomendaciones novedosas con respecto de la Junta General de Accionistas.

Derecho de los accionistas y trato equitativo

En primer lugar, las NBGC mencionan que el poder político dentro de la compañía debe distribuirse equitativamente. Así, cada accionista o socio debe tener un voto en proporción a su valor pagado (con la excepción de las sociedades por acciones simplificadas, que permiten el voto doble). Es recomendable que los accionistas de la sociedad anónima que pretendan ordenar su derecho al voto a través de la sindicación de acciones lo regulen en un pacto para-social, mas no en el estatuto de la compañía.

Todo accionista cuenta con los mismos deberes y derechos sin importar su aporte en la sociedad. En este sentido, se recomienda que se estipule en el contrato social que si un accionista es notificado por otro, o por un integrante de los órganos fundamentales de la compañía, con información fundamental o de interés general, dicho accionista deberá ponerla en conocimiento de sus similares en un término prudencial. Así se podrán evitar acuerdos colusorios entre accionistas al momento de tomar decisiones en la Junta General.

En la línea del trato equitativo, los accionistas que representen por lo menos el 5% del capital social, pueden solicitar la inclusión de asuntos en el orden del día o que se efectúen correcciones formales a la convocatoria. 

Adicionalmente, las NBGC recomiendan la conformación de un Directorio encargado de recopilar información y preparar explicaciones técnicas para los accionistas, en caso de decisiones corporativas complejas (e.g. fusiones escisiones, aumentos de capital, asociaciones) que puedan afectar trascendentalmente su participación en la compañía. En caso de compañías extranjeras que busquen una estructura societaria más sólida para prevenir la corrupción y las prácticas desleales, no estaría demás especificar que, sin este informe y explicación previa detallada por parte del Directorio hacia los accionistas, la Junta General no tendría competencia para tomar dichas decisiones.

Entre otras novedades, las NBGC recomiendan la celebración de pactos para-sociales para mantener el balance entre accionistas, a través de la estipulación de cláusulas como las siguientes:

  • Tag-along, que propone la posibilidad de vender conjuntamente y en las mismas condiciones, las acciones de varios accionistas;
  • Drag-along, que permite a acciones minoritarios unirse, en iguales condiciones, a la cesión de acciones que pretende realizar un accionista mayoritario, y;
  • Cláusulas lock-up, que no permiten la venta de acciones de los socios que conocen el negocio, para así no perjudicar a los socios que empezaron a invertir en él. 

Se recomienda que los pactos para-sociales no versen sobre la remoción de directores o administradores de la sociedad, ya que la dirección de la compañía le compete a su representante legal.

Junta General o Asamblea de Accionistas

Las NBGC establecen una serie de parámetros, directrices y reglas para que aquellas compañías que decidan implementarlas, parcial o totalmente, revitalicen el papel de la Junta General como órgano de gobierno formal, transparente y eficaz, que permita el control adecuado de la compañía. 

Las NBGC permiten, a quienes opten por implementarlo, la facultad de expedir un Reglamento de Junta o Asamblea General de Accionistas que regule el funcionamiento y organización de este organismo societario. De implementarse, se recomienda incluir todas las materias relacionadas con la Junta o Asamblea General. Ello implica, entre otras consideraciones: su convocatoria, las formas de comparecencia, el ejercicio del derecho de voto y otros derechos políticos de los accionistas. Cabe recalcar que las disposiciones del Reglamento no podrán ser contrarias a las de la Ley ni a los Estatutos. 

La SCVS sugiere a las compañías elaborar un formulario que contenga los asuntos del orden del día y las posibles alternativas de voto, para que aquellos accionistas que resuelvan comparecer por medio de un mandatario o representante legal, puedan instruirlos sobre el sentido en el que deben ejercer el derecho a votar. 

Sobre conflictos de intereses, el documento normativo determina que se suscita uno cuando alguien no es independiente con respecto del asunto en discusión y puede influir o tomar decisiones provocadas por intereses diferentes a los de la compañía. Así, los accionistas, en caso de hallarse, en una situación determinada, ante un interés o conflicto particular con la compañía, deberán comunicarlo de inmediato y abstenerse de participar en la deliberación y votación de dicha situación.

CONSULEGIS ABOGADOS

Manuela Castro Jalil (Ed.), mcastro@lex.ec 

Santiago Cisneros Bejarano, scisneros@lex.ec 

Carlos A. Martínez Cevallos, camartinez@lex.ec 

Santiago Martínez Cevallos, smartinez@lex.ec 

Ibeliza Vera Martin, ivera@lex.ec  

COVID-19 IMPORTS REPORT

Updated to June 30, 2020 

Have any exemptions from standard customs procedures been introduced for products deemed necessary to combat the COVID-19 outbreak?
Yes[1]. The plenary session of the Foreign Trade Committee (COMEX) through Resolution 004-2020 established in Annex 1 the products that due to the sanitary emergency will have 0% of importation tariff rate.

What exemptions do these measures provide?
The importation of products and supplies that will help fight against the coronavirus pandemic will have 0% of importation tariff rate.

What products are covered by these measures?
The National Customs Service of Ecuador, through bulletin 17-2020[2] has established the list of products, which are:

  • Surgical caps
  • Protective glasses for work
  • Surgical masks
  • Examination gloves
  • Surgical scrubs
  • COVID-19 rapid test – reagents
  • Alcohol stamped sheet
  • Disposable laryngoscope
  • Ozone therapy, oxygen therapy or aerosol therapy devices
  • Revival breathing devices and other respiratory therapy devices
  • Catheter
  • Needle for arterial / venous fistula
  • Bandages
  • Bacterial / viral hygroscopic filter
  • Surgical gloves
  • Container for Sharp objects
  • Security glasses
  • Disinfectant (sodium hypochlorite)
  • Potassium monopersulfate
  • Carbopol
  • Quaternary ammonium disinfectant (with subheading 3808.94.19.00)
  • Quaternary ammonium disinfectant (with subheading 3808.94.99.00)
  • Filmarray PCR Rapid Test Breathing Panels
  • Reagents (coronavirus)

Is there an expiration date for these measures?
This measure was taken according to the state of sanitary emergency that the country is going through, so it is expected that it will no longer be valid once the state of emergency has been overcome. Until now, the measures are maintained until August 14.

Have the customs authorities adopted any measures to assist traders more generally with current customs procedures?
Yes. The Ecuadorian Standardization Service – INEN, streamlines the import process of various medical supplies such as: resuscitation respiratory devices, respiratory therapy devices, raw material for the production of antibacterial gel for domestic, sanitary or medical use, protective glasses, masks, among others.

In this sense, INEN users must follow an easy and quick process, detailed below:

  1. Enter the Ecuapass system.
  2. Verify through the tariff subheadings whether or not the product requires an INEN Certificate of Recognition.
  3. Verify that the product is within the scope of the RTE (Technical Regulation).
  4. Evaluate the product in accordance with the corresponding RTE INEN technical regulation.
  5. It is evaluated as a product not subject to control with technical sheets and invoice.
  6. INEN approval is issued (INEN Recognition Certificate)

In case of not complying with any premise of the Technical Regulation, it is corrected so that the user makes the correction to his request. Immediately corrected, the INEN recognition certificate is issued.

It is important mention that users and / or importers must have complied with the corresponding customs procedures with the National Customs Service of Ecuador – SENAE to nationalize their merchandise[3].

 Who can I contact for more information on these measures?

CONSULEGIS ABOGADOS
Jorge Vaca-Sánchez
jvaca@lex.ec

 

ANNEX 1:

 

[1] https://www.aduana.gob.ec/boletines/senae-implementa-tarifa-cero/
[2]https://www.aduana.gob.ec/wp-content/uploads/2020/03/Listado-de-tarifas-arancelarias_Insumos-Productos-Salud-MSP.pdf
[3]https://www.normalizacion.gob.ec/inen-agiliza-el-proceso-de-importacion-de-insumos-medicos-para-centros-hospitalarios/

Reformas de la Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social

El 28 de junio, la Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social se publicó  en el Suplemento del Registro Oficial No.264. Dicha Ley fue discutida en la Asamblea Nacional por primera vez el 15 y 20 de febrero del 2018, y luego aprobada en un segundo debate el 10 de mayo del año vigente.

La Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social ordena dos modificaciones a la Ley de Seguridad Social:

1)     Se incrementa un inciso en el artículo 134 que establece que la pensión por invalidez o vejez del Seguro Social Campesino no deberá ser menor a $100 dólares. Dicho valor se incrementará de manera automática en el mismo porcentaje del Salario Unificado Único cada año.

2)     Se incorpora una definición del término “jefe de familia” aumentando un inciso en el artículo 128. En ella se especifica que tanto hombre como mujer pudiesen entrar en esta denominación si son el soporte económico principal del hogar. En ningún caso se podrá discriminar, excluir o limitar a cualquier persona por razón de sexo.

De acuerdo a un artículo publicado por Diario El Telégrafo, la reforma podrá beneficiar a las 3.553 organizaciones que están registradas en el Seguro Campesino a diciembre de 2017, y abarca un total de 1.2 millones de beneficiarios.

La ley establece un plazo de 30 días contados a partir del 28 de junio para que el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) reforme su normativa interna, y realice los cambios y ajustes necesarios para la ejecución de la Ley.