Archivos de autor Tatiana Vernaza Gozenbach

MEDIDAS SOLIDARIAS PARA EL BIENESTAR SOCIAL Y LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA INCLUIDAS EN LA LEY ORGÁNICA DE APOYO HUMANITARIO

El capítulo II de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario (“Ley de Apoyo Humanitario”), publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nº 229 del 22 de junio del 2020, incluye medidas que cubren varios ámbitos. A continuación detallaremos las más relevantes:

Pensiones educativas 

  1.   Las instituciones educativas otorgarán rebajas de hasta el 25% a los representantes de los alumnos que demuestren pérdida de empleo o disminución de ingresos. En ciertos casos de incumplimientos de pagos de hasta seis meses, el Estado brindará las facilidades para que los estudiantes se mantengan dentro del sistema educativo.
  1. En 30 días a partir de la Ley de Apoyo Humanitario, se regulará la implementación de la educación en modalidad virtual.
  1. Las instituciones de educación superior particulares podrán ampliar el porcentaje de becas a sus estudiantes matriculados en un 10% adicional. Se autorizará a las instituciones de educación superior a incrementar oferta de carreras y programas de educación superior para que pueda impartírsela, total o parcialmente, en modalidad virtual.

 

Inquilinato

  1. Durante la vigencia del estado de excepción, y hasta sesenta días después de su conclusión, no se podrán ejecutar desahucios a arrendatarios de bienes inmuebles, salvo por casos de peligro de destrucción o ruina del edificio o por el uso para actividades ilegales.
  1. Habrá lugar a la suspensión temporal de los desahucios si se paga, al menos, el 20% del valor de los cánones pendientes; y, en el caso de locales comerciales, si el arrendatario demuestra que sus ingresos se han afectado en al menos un 30% con relación a febrero del 2020. Cabe la extensión de la suspensión en caso de que así lo convinieren las partes. El acuerdo suscrito entre ellas tendrá la calidad de título ejecutivo.

 

Servicios básicos 

  1. Se prohíbe el incremento en los valores de los servicios básicos (incluyendo telecomunicaciones e internet) hasta un año después de terminado el estado de excepción.
  1. Por otro lado, durante el estado de excepción y hasta por dos meses de producido su cese, se suspenderán los cortes por falta de pago de agua potable, energía eléctrica, telecomunicaciones e internet
  1. Se dispone que las empresas de servicios básicos cobren los valores generados en doce cuotas mensuales iguales y sin intereses.

 

Costo del servicio eléctrico

La Agencia Nacional de Control y Regulación de Electricidad dispondrá y, en su caso, implementará:

  1. Una rebaja del 10% en los meses de marzo, abril, mayo y junio 2020, para usuarios ubicados en los primeros dos quintiles de nivel de ingresos.
  1. Una rebaja en los cargos por energía en horas de demanda mínima, para incentivar la reactivación de los sectores productivos.
  1.   Los procedimientos necesarios para que los cargos de potencia de las industrias y los comercios sean revisados de forma proporcional a la disminución de consumo durante el estado de excepción.

 

Pólizas de salud

  1. Las compañías de salud prepagada y las de seguros que oferten cobertura de seguros de asistencia médica, no podrán cancelar o dar por terminadas las pólizas ni los contratos de medicina prepagada en caso de atraso en los pagos de hasta tres meses consecutivos.
  1. Los montos no pagados se prorratearán para los meses de vigencia del contrato, sin que generen intereses de mora.

 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

  1. El IESS extenderá la cobertura en las prestaciones de salud hasta sesenta días adicionales por el cese de aportaciones, en favor de todos los afiliados que hayan quedado cesantes, o que hubiesen incurrido en mora por pérdida de ingresos a partir del estado de excepción.
  1. Las personas naturales que ejercen actividades económicas, las micro y pequeñas empresas, así como las restantes empresas que se mantuvieron cerradas durante el estado de excepción, que no hayan podido pagar sus obligaciones a la seguridad social por los meses de marzo, abril, mayo y junio del año 2020, podrán pagarlas, sin la generación de intereses, multas, ni recargos.   Asimismo, no se generará responsabilidad patronal.

 

Créditos productivos para la reactivación económica y protección del empleo en el sector privado

  1. Se dispone que las entidades del sistema financiero nacional deberán ofrecer líneas de crédito a favor del sector productivo con condiciones especiales (períodos de gracia, plazos de pago y tasas de interés preferenciales). Igualmente, deberán crearse líneas de crédito específicas para cobertura de pagos de nómina y capital de trabajo.
  1. Se incluyen determinados incentivos tributarios para las entidades del sistema financiero que otorguen ciertos tipos de crédito. Estos incentivos se aplicarán para el ejercicio fiscal 2020.

 

Tasas de interés para la reactivación

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera emitirá una resolución técnica sobre liquidez, solvencia y estrés del sistema financiero, para normar tasas de interés que permitan la reactivación.

 

Reprogramación de pago de cuotas por obligaciones con entidades del sistema financiero nacional y no financiero

  1.   La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera deberá emitir una resolución para que, durante el estado de excepción, las entidades del sistema financiero nacional reprogramen el cobro de cuotas mensuales generadas por cualquier tipo de obligación crediticia.
  1.   Durante la reprogramación, no se podrán generar intereses de mora sobre el capital de los valores diferidos.

 

Reprogramación de pago de cuotas de seguros

  1.   Durante el estado de excepción las empresas de seguros generales (incluidas las que conceden pólizas de fiel cumplimiento y buen uso de anticipo dentro del Sistema Nacional de Contratación Pública) y las de seguros de vida, reprogramarán el cobro de cuotas mensuales de seguros. Las cuotas no pagadas se reprogramarán a prorrata durante la vigencia de la póliza de seguros hasta un máximo de seis meses.
  1.   La reprogramación aplicará cuando las personas naturales o jurídicas no hayan podido desarrollar sus actividades por el estado de excepción.

 

Suspensión de la matriculación y revisión vehicular 

Se suspende el cobro de multas e intereses de todos los procesos de matriculación vehicular y revisión técnica generados durante la vigencia del estado de excepción.

 

Fijación de precios del consumo popular

Se definirá la política de fijación de precios necesaria para beneficio del consumo popular, que será aplicable hasta finalizar el año 2020. Los productos incluidos serán aquellos de la canasta familiar básica.

 

CONSULEGIS ABOGADOS
Tatiana Vernaza Gonzenbach
tvernaza@lex.ec
División Corporativa

 

EL CONTRATO DE COMPRAVENTA DE CARTERA O FACTORING EN EL NUEVO CÓDIGO DE COMERCIO

Hasta la publicación del nuevo Código de Comercio, en el Ecuador no existía una verdadera regulación del contrato de compraventa de cartera o de factoring, esto es, no era un contrato regulado. Existían, sin embargo, ciertas pinceladas de lo que este contrato implicaba, o más bien, lo que las personas jurídicas que ejercían la actividad de factoring debían de cumplir, pero no un detalle de los derechos y obligaciones bajo la relación jurídica de adquirente, deudor y cedente.

La Ley de Compañías, en una reforma realizada en el 2014, incluyó la categoría de sociedad de interés público, que abarca sociedades que, por su impacto social y económico, están sujetas a una mayor vigilancia. De acuerdo al instructivo sobre sociedades de interés público publicado en enero del 2018, este selecto grupo de sociedades incluye a aquellas que “se dediquen a actividades de factorización por compra de cartera”. Por ende, desde 2018 y aunque la naturaleza de la actividad no está delimitada por la normativa, este tipo de sociedades ya tenían una condición especial. A su vez, el Código Orgánico Monetario Financiero (“COMF”) considera como operaciones para entidades financieras el “negociar letras de cambio, libranzas, pagarés, facturas, aunque mantiene la posibilidad de que personas jurídicas no financieras realicen este tipo de operaciones y que estas sean controladas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

Dentro de esta incipiente regulación también se incluye la reforma realizada al Código de Comercio anterior (reformado por el COMF), con el objeto de incluir la siguiente disposición: “Las compañías de comercio podrán dedicarse de manera exclusiva a la realización profesional y habitual de operaciones de factoring y sus operaciones conexas, de conformidad con las regulaciones que para el efecto emita la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera”. Esta disposición se reitera en el nuevo Código en el capítulo relativo a las facturas comerciales negociables; sin embargo, reemplaza a la entidad que puede emitir las regulaciones por “la autoridad competente en materia de valores y de tributos”. Habrá, pues, que estar también a lo que disponga el Servicio de Rentas Internas en esta materia.

El nuevo Código establece qué es el contrato de factoring (y qué no es); los requisitos para su formalización; y, el régimen de responsabilidades de las partes del contrato. A modo de resumen, detallamos los aspectos más importantes para responder a las siguientes preguntas:

¿Qué es? Es una operación por medio de la cual el adquirente adelanta fondos a sus clientes, quienes, a cambio, le ceden títulos de crédito o facturas comerciales negociables, asumiendo el adquirente, respecto de los créditos cedidos, ciertas obligaciones. Estas obligaciones pueden ser (i) gestionar el cobro de los créditos; (ii) financiar al proveedor; o, (iii) asumir el riesgo de la insolvencia de los deudores.

¿Qué no es? La gestión para el cobro de cartera no es considerada como operación de factoring.

¿Cuáles son los requisitos formales? El contrato de factoring debe de constar por escrito e incluir los montos y los términos en que se adelantan los fondos. Por otro lado, los títulos de crédito deben de estar debidamente cedidos a favor del adquirente.

¿Cuál es el régimen de responsabilidades? El adquirente de los títulos de crédito o facturas comerciales negociables asume la responsabilidad de los pormenores de la identificación del deudor, así como el riesgo de su solvencia. En igual sentido, al adquirente se le entienden cedidas las cauciones que se circunscriban al crédito cedido, con ciertos límites.

Finalmente, es importante hacer una breve descripción de la forma de cesión del crédito. Como regla general, la cesión debe de ser notificada por el cesionario al deudor, de acuerdo a lo previsto y con los requisitos incluidos en la ley, o aceptada por este. Sin embargo, sí existen excepciones, como la establecida en el nuevo Código para los casos en que los créditos estén documentados en facturas comerciales negociables emitidas en físico, en cuyo caso la transferencia se realiza por endoso sin necesidad de notificación al deudor o aceptación de este.

CONSULEGIS ABOGADOS