Cinco puntos clave para entender la Ley Económica de Lenín Moreno

El 1 de noviembre de 2017, el presidente de la República Lenín Moreno envió a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Orgánica para impulsar la reactivación económica del Ecuador. Al presentar el proyecto, Moreno dijo que no eran ajustes para la población de atención prioritaria, que se garantiza la estabilidad tributaria,  y que sólo analizará la reducción de impuestos a medida que la economía del país mejore. El proyecto de ley tiene tres pilares:

1. El incremento de tres puntos del impuesto a la renta
2. El combate al contrabando y la evasión de impuestos
3. El fortalecimiento de la dolarización

Para completar la propuesta económica de Moreno, debe tenerse en cuenta, también, el plan de austeridad impuesto por el Presidente  y la eliminación de la Ley de Plusvalía que quiere promover mediante una consulta popular.

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El incremento de tres puntos del impuesto a la renta

Según el presidente Moreno, es necesario subir el impuesto a la renta de 22 a 25%, porcentaje en que estuvo hasta 2010. Esta medida tiene como objetivo poder cumplir con una de sus promesas de campaña, el programa Toda una Vida, que ofrece asistencia como entrega de viviendas de desarrollo social, cuidado prenatal, nutrición infantil, educación de excelencia, empleo y jubilación universal, y un bono económico, para las personas más pobres del país.

El incremento no aplicará para las micro y pequeñas empresas. Tampoco para quienes desarrollen actividades que garanticen un ingreso permanente de dólares al país.

Otro cambio es que quienes ganen más de tres mil dólares mensuales deberán pagar el impuesto a la renta sobre su décimo tercer sueldo a partir de 2018.

La propuesto del presidente Moreno contempla la eliminación del anticipo al impuesto a la renta de las empresas que tuvieran ventas de hasta 300 mil al año. Para implementarla, Moreno enviará a la Asamblea un proyecto de ley. Según el Ejecutivo, beneficiará al 82% de las empresas existentes en el país. Cerca de 36 mil empresarios, según dijo Moreno.

Los nuevos microemprendedores no pagarán el impuesto a la renta durante los dos primeros años de creada su empresa.

En esa misma propuesta se exonera a las microempresas ya establecidas de pagar el impuesto a la renta por sus primeros once mil dólares de utilidad.

Las empresas que facturan más de $ 300 mil recibirán una devolución progresiva del anticipo del impuesto a la renta. “Comenzaremos con el 50% durante el año 2018, siempre y cuando se cumpla con el compromiso de mantener o incrementar las plazas de empleo”, dijo Lenín Moreno.

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Contrabando y evasión de impuestos

En su propuesta, Moreno dice que “con el contrabando no solo se ve lesionado el Estado, pues este delito afecta directamente a las industrias, al empleo y a la colectividad, frenando el desarrollo productivo. Estas malas prácticas empresariales pueden ser vistas desde distintas perspectivas, siendo una de ella la subvaloración de las mercancías que ingresan a las aduanas, disfrazándolo de formalidades.”

Para combatir el contrabando y la evasión, el título VI del proyecto de Ley contiene una serie de reformas para la determinación de las obligaciones tributarias y aduaneras. Incluso, reforma el artículo 299 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

El artículo 299 del COIP tipifica el delito de defraudación aduanera: “La persona que perjudique a la administración aduanera en las recaudaciones de tributos, sobre mercancías cuya cuantía sea superior a ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años y multa de hasta diez”. Establecía 6 conductas punibles:

1. Importe o exporte mercancías con documentos falsos o adulterados para cambiar el valor, calidad, cantidad, peso, especie, antigüedad, origen u otras características como marcas, códigos, series, modelos; en el presente caso el ejercicio de la acción penal no depende de cuestiones prejudiciales cuya decisión competa al fuero civil.

2. Simule una operación de comercio exterior con la finalidad de obtener un incentivo o beneficio económico total o parcial o de cualquier otra índole.

3. No declare la cantidad correcta de mercancías.

4. Oculte dentro de mercancías declaradas otras mercancías sujetas a declaración.

5. Obtenga indebidamente la liberación o reducción de tributos al comercio exterior en mercancías que según la Ley no cumplan con los requisitos para gozar de tales beneficios.

6. Induzca, por cualquier medio, al error a la administración aduanera en la devolución condicionada de tributos.

El proyecto de Ley presentado por Moreno pretende reformar el inciso inicial, reemplazando las palabras “cuya cuantía” por “cuyo valor en aduana”. Además, añade un numeral después del sexto: “Declare subvaloradas las mercancías”.

El proyecto también contempla que se fijen aranceles que protejan la industria nacional, y una tasa de control (de 10 centavos de dólar) para financiar la lucha de las aduanas contra el contrabando.

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Fortalecer la dolarización

Para fortalecer la dolarización, Moreno presentará una ley que incentive la repatriación de capitales. A quienes traigan sus capitales productivos en los próximos 12 meses, se les exonerará del Impuesto a la Renta hasta por cinco años.

A los exportadores se les devolverán impuestos por el ingreso de divisas y por mantener las plazas de empleo.

Se mantendrá el Impuesto a la Salida de Divisas, porque esa medida debilitaría la dolarización.

Según Moreno, hay que entrar sin temores al uso de la tecnología para fortalecer el sistema monetario, por lo que cooperativas y bancos operarán el dinero electrónico, bajo la supervisión y control del Estado.

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Austeridad (mediante Decreto Ejecutivo)

El 1 de septiembre de 2017, Moreno firmó el Decreto Ejecutivo de Austeridad Fiscal para controlar el gasto corriente y de inversión. En él, unificaba la la escala remunerativa del personal de las empresas y banca pública a la del sector público, se eliminaron las vacantes de todas las instituciones del Estado y se ordenaba la creación de un banco de servidores para reasignar personal en otras entidades.

Además, se estipulaban otras medidas como la reducción del 10% de las remuneraciones de los servidores públicos a los funcionarios del grado jerárquico superior 2, la evaluación de las las cargas de trabajo de los funcionarios y obreros para buscar una optimización en las dos empresas estatales Petroamazonas y Petroecuador.

El decreto limita, también, la contratación de consultorías y asesorías. Además, plantea no reconocer pagos de viáticos por residencia, controles en los viajes al exterior y la disminución de las movilizaciones internas de las autoridades, dando preferencia a las videoconferencias. El decreto también prohibía la compra de pasajes aéreos premier, salvo para miembros del gabinete y personal autorizado por la Secretaría General de la Presidencia. El decreto ordenaba también seleccionar las cotizaciones de pasajes de menor valor. En otras medidas, prohíbe realizar eventos públicos y de capacitación en hoteles, hosterías y locales privados, excepto los autorizados por la Secretaría de la Presidencia. El decreto no aplica a las funciones Legislativa, Judicial y Electoral, pero les exhorta a aplicar las disposiciones.

Según el Ejecutivo, estas medidas podrían generar un ahorro de hasta 500 millones de dólares.

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Eliminar Ley de Plusvalía (vía consulta popular)

En la propuesta de Consulta Popular que analiza la Corte Constitucional, Moreno propuso la eliminación de la La Ley para Evitar la Especulación de la Tierra (conocida como Ley de Plusvalía).

Según el presidente, esta medida está destinada a “garantizar trabajo y empleo”. La ley de Plusvalía fue una polémica medida introducida por el gobierno anterior.

Desde su anuncio, fue criticada con fuerza por el diferentes sectores económicos. El presidente de la Federación Nacional de Cámaras de la Construcción, Enrique Pita, sostenía que el proyecto era “inoportuno e inconveniente” porque generaba incertidumbre en el sector, que según las proyecciones del Banco Central iba a decrecer en un 10%.  En julio de 2017, el presidente Moreno pidió su revisión argumentando un impacto negativo en esta actividad. “Recordemos que la construcción es un sector de la economía que dinamiza todos los demás. Hemos sufrido un deterioro de —7% en el crecimiento”, le dijo a la BBC en una entrevista.

En el proyecto de ley presentado por Moreno en noviembre de 2017, se elimina también el impuesto a las tierras rurales para dinamizar al sector agrícola.