Claves para entender la ley de reactivación económica

El 29 de noviembre del 2017 fue aprobada la ley Orgánica para Impulsar la Reactivación Económica, después de que el presidente Lenín Moreno enviara su proyecto el 1 de noviembre de 2017. El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó el proyecto y lo admitió a trámite seis días después. La Asamblea aprobó una ley con cambios, que fue enviada a Moreno el 30 de noviembre. El Presidente la objetó parcialmente según el oficio enviado el 11 de diciembre al Legislativo.
La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea, encargada de preparar el informe del proyecto enviado por Moreno presentó una propuesta al pleno del legislativo con cambios al 40% de la versión del Presidente de la República. Según el presidente de la Comisión, Pabel Muñoz, el proyecto de Moreno tenía más de 20 artículos que modificaban más de 160 numerales y que la mesa hizo observaciones a 63 numerales.
La ley se aprobó finalmente con cambios en más del 65% de su contenido original. Muñoz dijo que el legislativo no había sido incluido en los diálogos con el sector empresarial y bancario, por lo que no iban a validar los consensos a los que se habría llegado: “Si no somos actores de acuerdo, tampoco somos validadores, tenemos una opinión, un criterio”.
Las 44 modificaciones que se aprobaron que van desde el cambio al título de la ley (pasó a llamarse Ley para Reactivar la Economía, Fortalecer la Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera). Se reformuló la motivación y los considerandos de la Ley (las motivaciones para su aprobación).
La ley elimina la tributación sobre el décimo tercer sueldo. Se eliminó la deducción a las cargas (hijos y cónyuges que no trabajan) que tiene cada familia para aplicar el impuesto a la renta. Se incluyó la posibilidad de que a las personas en las zonas fronterizas del país, acogerse a reprogramaciones de pagos de deudas por impuestos a la salida de divisas, con remisión de intereses multas y recargos. También se incluyó un artículo para que no se pueda cobrar créditos hipotecarios otorgados en el extranjero en inmuebles dentro del Ecuador. Además, la Asamblea eliminó la disposición que permitía a la banca privada manejar el dinero electrónico. Según Muñoz, ese es otro de los acuerdos que la Asamblea desconocía: “Si hay acuerdos no los conocemos, no fuimos parte, no están en nuestro programa de Gobierno, eso nunca lo presentamos”.
El presidente de Ecuador Lenín Moreno había anunciado en cadena nacional su Programa Económico de Gobierno la noche del miércoles 11 de octubre del 2017. Moreno propuso siete medidas:

1. Incentivos para la creación de empleos,
2. Fortalecimiento de la dolarización,
3. Implementación del dinero electrónico,
4. Medidas de austeridad en el Gobierno,
5. Lucha contra el contrabando y la evasión de impuestos,
6. El Plan Toda Una Vida, y
7. La protección a la población de atención prioritaria.

El presidente Moreno incluye medidas económicas para las personas que tienen mayores ingresos, como el aumento del precio de la gasolina, la eliminación del subsidio del gas doméstico o la reducción de sueldos a los servidores públicos de cargos jerárquicos.

De la misma manera, la Ley impone un aumento a la tarifa del Impuesto a la Renta para Sociedades del 22% al 25%, además de imponer un aumento de tres punto porcentuales en caso de que la sociedad tenga accionistas, socios, participes, constituyentes, beneficiarios o cualquier figura similar que tengan una participación directa o indirecta superior al 50%.

Adicionalmente, impone que el deber de información de las sociedades sobres sus accionistas, socios, partícipes, constituyentes, beneficiarios o cualquier figura similar se entenderá cumplido siempre y cuando la información remitida al Servicio de Rentas Internas sea sobre el beneficiario efectivo (esto, cuando en algún lugar de la cadena de propiedad, una persona natural no residente en Ecuador pueda usar el ordenamiento jurídico de su residencia para ocultar el beneficiario efectivo o la real propiedad del capital).

El Presidente ha ofrecido varios incentivos para las empresas. En primer lugar, preguntará al pueblo, a través de la Consulta Popular, sobre la eliminación de la Ley para Evitar la Especulación de la Tierra, denominada “Ley de Plusvalía” (es el incremento de valor de un bien inmueble, que no es fruto de la acción directa del propietario y pertenece al municipio).

Moreno envió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para eliminar el anticipo del Impuesto a la Renta (que permite al Estado obtener ingresos antes de la finalización de un determinado ejercicio económico), a las empresas cuyas ventas anuales no alcancen los 300 mil (aproximadamente el 82% de las empresas existentes). La microempresas que actualmente pagan ese impuesto dejarán de pagarlo durante los primeros 11 mil dólares de utilidad que generen. De esta manera, beneficiarán a más de 36 mil empresarios. Por otro lado, los nuevos microemprendedores, no pagarán el Impuesto a la Renta durante los dos primeros años desde la creación de su empresa.

En el proyecto de ley se elimina el impuesto a las tierras rurales (este impuesto se trata que los dueños de terrenos tienen que pagar cada año un monto de $11,29 por cada hectárea o fracción de hectárea de tierra que sobrepase las 25 o 70 hectáreas dependiendo del caso) para dinamizar al sector agrícola, que es otro sector generador de empleo. Con la participación de la banca pública se hará la ampliación del crédito productivo para productores y emprendedores.

El Decreto Ejecutivo de Austeridad Fiscal fue la primera medida de Moreno para controlar el gasto corriente y de inversión. Con él, disminuyó en 10% el sueldo de los funcionarios con cargo de nivel jerárquico, con salarios superiores a $2.368; se limitó la contratación de consultorías y racionalizó el pago de horas extras y de viáticos por residencia; se suprimió la compra de vehículos de lujo y los gastos innecesarios en pasajes y viáticos, entre otros. Esto permitirá, según el decreto, un ahorro de 500 millones de dólares.

De igual manera, el compromiso del gobierno es reducir progresivamente el déficit fiscal, del 4,7% del PIB actual a cerca del 1 % en 2020 (es decir, que el gobierno no realice “gastos permanentes” que son los sueldos y salarios de los trabajadores y no permanentes- gasto público social- innecesarios, para mejorar la economía).

De acuerdo al numeral 3 del artículo 4, que trata sobre las reformas al Código Tributario, la presentación de la solicitud de facilidades de pago no suspende el procedimiento coactivo, sino únicamente cuando estas facilidades hayan sido concedidas, quedando a criterio del funcionario recaudador el levantamiento o sustitución de las medidas cautelares que se hayan dictado.

Esta reforma afecta al sujeto pasivo, quien a pesar de haber reconocido la deuda y propuesto una fórmula de pago, corre el riesgo de que las medidas cautelares no sean levantadas, a pesar de que el procedimiento coactivo se encuentra suspendido.

Un incentivo creado por la Ley es la condonación de deudas con entidades extintas del sistema financiero por hasta $150.000, a favor de personas naturales, sean deudores principales o responsables solidarios, o en sociedad conyugal o de bienes, cuando el cónyuge deudor haya fallecido. Para las personas cuya deuda es mayor al monto referido, se les condonará la deuda hasta por dicho monto, quedando pendiente de pago el saldo que quede de conformidad con las reglas comunes.

También se beneficiarán de esta condonación los deudores que hayan sido víctimas de una discapacidad o enfermedad catastrófica, rara o huerfana que haya sobrevenido después del otorgamiento del crédito.