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¿De verdad sirve el Arbitraje?

“¿De verdad sirve el arbitraje?” nos preguntamos con un colega que lleva varios años en el ejercicio privado de la profesión. Conversábamos sobre las nuevas tendencias en el arbitraje moderno como la extensión del convenio arbitral a partes no signatarias, responsabilidad civil de los árbitros, árbitros de emergencia y más. Pero  en un punto de la conversación, me preguntaron  ¿Para qué nos ha servido todo esto si aún no resuelven el principal problema del arbitraje? 

El “lío” del arbitraje está en su verdadero alcance. El arbitraje es una excepción al principio de unidad jurisdiccional establecido en nuestra legislación pero aún así el artículo 17 del Código Orgánico de la Función Judicial, que califica a la administración de justicia como un servicio público, reconoce al arbitraje “como una forma de este servicio público” y asimismo, en concordancia con el artículo 7, faculta a los árbitros de funciones jurisdiccionales conforme a la Constitución y la ley. Pero esta  actividad jurisdiccional no es completa, y ahí está  la limitación de la finalidad del arbitraje.

La potestad de administrar justicia, aquello que conocemos como jurisdicción, consiste en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Esta última función corresponde únicamente a los jueces ordinarios y es tan clara la exclusión de los árbitros que la propia Ley de Arbitraje y Mediación en su artículo 32 que deriva a las partes a solicitar la ejecución de un laudo arbitral a los jueces ordinarios. A pesar de esta limitación, no tiene sentido que un árbitro no pueda ejecutar un laudo pero sí pueda hacerlo con medidas cautelares siempre que haya existido acuerdo entre las partes para otorgarle esa potestad. (¿nos podría dar un ejemplo práctico?). Ante esta situación, debemos replantearnos si el proceso arbitral —un servicio que es costoso de verdad cumple su finalidad.

¿Cuál es el objetivo de excluirnos (a los abogados) de la justicia ordinaria mediante un convenio arbitral si para el cumplimiento del laudo nuevamente terminaré en el lugar del cual quería huir? o ¿Qué sentido tiene pactar confidencialidad en un arbitraje si al final de este proceso el laudo a ejecutar terminará en la justicia ordinaria y podría ser de conocimiento público?, y finalmente ¿Es conveniente pagar por un servicio de administración de justicia en parte incompleto? El arbitraje tiene sus ventajas pues otorga confianza a las partes contratantes, da mayor celeridad y es transparente, cosas que no ocurren en la mayoría de los casos en la justicia ordinaria. Pero  al final terminamos  en manos de los jueces.

Ante este problema autores como Alfredo Bullard González, profesor de leyes en la Pontificia Universidad Católica del Perú, se han pronunciado a favor de la ejecución de laudos arbitrales por los propios árbitros siempre que las partes hayan acordado otorgarle esa potestad. Parece una solución efectiva, pues son las partes quienes en un principio acordaron incluir a  un  tercero privado para que solucione sus controversias y ahora quieren que los acompañe hasta el final del camino. Pero esta solución no es perfecta y deriva en un problema más: ¿Qué pasaría si la ejecución del laudo afecta a terceros que no fueron parte del convenio arbitral y en consecuencia tampoco son partes del arbitraje? Sin duda, una jurisdicción completa para los árbitros aún no es la respuesta a nuestras interrogantes y es por eso que no lo vemos plasmado en la ley.

En Ecuador estamos a mucha distancia de los avances legislativos en materia arbitral de países como Perú, Colombia y Argentina. Hay mucho trabajo por hacer y una reforma a la Ley de Arbitraje y Mediación actual es urgente. Hasta que esto suceda en el país,  deberíamos preguntarnos: ¿De verdad sirve el arbitraje?

Juan Sebastián Alvear Zenck

Sector bananero tiene nuevas modalidades en sus contratos

Por: Mariuxi Mantilla

El 10 mayo 2018 se creó el “Contrato de Trabajo Especial Discontinuo a Jornada Parcial para el Sector Bananero”, a través de un acuerdo ministerial.

La duración de este contrato dependerá del ciclo en el que se genere la actividad, y establece que una vez que se concluya la labor para la que fue contratado, terminará la relación laboral.

El acuerdo regula las relaciones laborales en la siembra, cosecha, corte y empaque pero también incluye otras actividades que toman en cuenta el carácter especial de las labores en el sector bananero.

Dentro de las características principales de esta nueva modalidad de contratación están:

  1. Deberá celebrarse por escrito y contener como mínimo: 1) identificación de las partes; 2) domicilio y correo electrónico, número convencional y celular para notificaciones; 3) actividad u ocupación; 4) actividades que va a realizar el trabajador; 5) lugar de trabajo; 6) duración del contrato; 7) horario de trabajo a cumplir; y, 8) remuneración y forma de pago.
  2. La duración será por el tiempo que dure cada ciclo: siembra, cosecha, corte y empaque. Una vez concluidas las tareas para las cuales fue contratado el trabajador, se suspenderá la relación laboral hasta el inicio del siguiente ciclo productivo. En estos casos, el empleador deberá generar y suscribir una “Constancia de Finiquito” suscrita por él que incluya la remuneración y beneficios cancelados de forma prorrateada, y deberá registrarla de forma obligatoria en el SUT. En ese documento deberá adjuntar los roles de pagos debidamente firmados por el trabajador. El empleador deberá obligatoriamente, volver a convocar al trabajador con quien suscribió el contrato. Para estos fines llevará un registro del número de trabajadores contratados en cada ciclo y actividad bananera. En caso de no hacerlo, incurrirá en despido intempestivo. Si el trabajador no acudiere al llamado, el empleador, podrá sustituir al trabajador por otro previo la solicitud de inicio del visto bueno ante el Inspector del Trabajo.
  3. El horario especial será debidamente aprobado por el Ministerio del Trabajo. La jornada será hasta un máximo de 36 horas semanales distribuidas en hasta 6 días a la semana, siempre que no supere las 8 horas diarias que se pagarán con los recargos de ley.
  4. La remuneración y forma de pago se podrá realizar diariamente, semanalmente, quincenalmente o mensualmente, previo acuerdo entre las partes. Habrá un recargo del 15% adicional al valor de la hora laborada. El décimo tercero, décimo cuarto y vacaciones podrán ser cancelados de forma prorrateada. Los sábados y domingos comprendidos en la jornada con horario especial de trabajo aprobada, se pagarán con un recargo adicional del 25% valor hora y los que no estén incluidos se pagarán con un 100% de recargo.
  5. El Contrato deberá ser registrado en el SUT y no podrá tener una duración inferior a los 52 días discontinuos dentro de un mismo año calendario bananero o 365 días.
  6. El trabajador deberá señalar obligatoriamente algún medio electrónico para notificaciones del empleador o su domicilio señalado en el contrato. Si la notificación no pudiese efectuarse por estos medios, el empleador lo podrá realizar a través de un medio de comunicación radial.
  7. La afiliación y pago de aportaciones se realizará conforme lo defina el IESS.

Las normas del Acuerdo Ministerial rigen exclusivamente para nuevas contrataciones. Por eso, aquellos trabajadores del sector bananero que se encuentren laborando para el mismo empleador con las modalidades contractuales estipuladas en el Código del Trabajo no podrán ser contratados bajo los lineamientos de este nuevo contrato de trabajo.

Junta General Ordinaria

La socia de Consulegis, Tatiana Vernaza, nos da ciertas recomendaciones

La obligación de celebrar la Junta General Ordinaria dentro de los primeros tres meses del año es cumplida por la mayoría de compañías pero no siempre de forma correcta. Esta obligación está en el artículo 231.2 de la Ley de Compañías y se cumple tras el cierre del ejercicio social para aprobar las cuentas, los informes de administradores y comisarios.

Hay algunas sencillas razones que explican estos errores:

1. El acta de junta general y su correspondiente certificación se suele hacer a última hora
2. Estos documentos legales no siempre son preparados por abogados
3. La preparación de estos documentos se basa a los de anteriores años sin incluir modificaciones sufridas por el cambio de normativa.

Algunos de los errores más comunes —y sus respectivas recomendaciones— en la preparación de la documentación societaria requerida por la Ley de Compañías para la Junta General Ordinaria son los siguientes:

a) Todas las juntas generales requieren no solo del acta, sino de una certificación del acta y listado de asistente. Lo anterior junto con los documentos sobre lo que se trató en la junta se deben de archivar en el libro de expedientes de la Junta General.

b) El orden de los asuntos debe realizarse de acuerdo al artículo 231 de la Ley de Compañías: informe de comisarios, informe de administradores y luego las cuentas, el balance, y en su caso los informes de auditoría externa en los casos que proceda. Tras ello, se deberá de resolver sobre de la distribución de los beneficios sociales. Respecto de este punto, la normativa sobre auditoría cambió.

c) Reserva legal. Es necesario mencionar —a la hora de repartir utilidades— el porcentaje que se destine a la formación del fondo de reserva legal. La Ley de Compañías dispone que de las utilidades líquidas se debe de tomar un porcentaje no menor al 10% para este fondo, hasta que el fondo “alcance por lo menos el cincuenta por ciento del capital social”.

d) Respecto de la distribución de utilidades, muchas veces la junta general no trata sobre este asunto y lo deja a consideración de una futura junta general; en otros caso se incluyen resoluciones escuetas que no se corresponden con una cuenta contable adecuada.

e) Existen también una serie de disposiciones y límites respecto de:
1. La asignación de beneficios anuales para dividendos; y
2. El límite máximo para reservas facultativas.

Ambos tienen como limitante común el acuerdo/autorización unánime en contrario de la junta general.

f) La junta debe llegar a un acuerdo sobre la disposición de las utilidades, pues de lo contrario “el remanente de las utilidades líquidas y realizadas que se obtuvieren en el respectivo ejercicio económico, que no se hubiere repartido o destinado a la constitución de reservas legales y facultativas, deberá ser capitalizado.” Existen varias interpretaciones sobre el alcance de esta disposición y su aplicación a todas las compañías o únicamente a aquellas que no se encuentren registradas en el Catastro de Mercado de Valores.

g) La memoria del administrador y el informe de los comisarios deben estar a disposición de los accionistas por lo menos con 15 días de anticipación a la fecha de la Junta General.

Finalmente, y como dato adicional, es necesario tener presente que en las juntas generales ordinarias se puede tratar sobre la “suspensión y remoción de los administradores y más miembros de los organismos de administración” sin que ello figure en el orden del día. Lo anterior sin perjuicio de que la documentación legal para documentar la Junta General Ordinaria debe de cumplir con los requisitos generales y estatutarios para convocar, instalar y adoptar acuerdos en la junta.

Corte Constitucional ratifica la prohibición del certificado de antecedentes penales para obtener un trabajo o hacer un trámite

El  7 de junio de 2017, la Corte Constitucional  expidió una snetencia  mediante cual ratificó el que tanto las empresas públicas como privadas no pueden pedir como requisito para contratar nuevo personal, un certificado de antecedentes penales. Este documento tampoco puede ser solicitado para trámites, como sacar una licencia de conducir.

El caso se abrió luego de que un ciudadano que fue encarcelado durante dos años —luego declarado inocente— pidiese a la Corte que declare la inconstitucionalidad del artículo 99 del Reglamento a la Policía Judicial. Aunque la Corte falló en contra del ciudadano —porque esta normativa ya había sido derogada por un decreto ejecutivo—, su pedido reabrió la conversación sobre derechos laborales y discriminación.

El abogado Javier Freile dice que “esta sentencia es importante porque faculta a todo ciudadano que se le exiga el certificado al aplicar a un trabajo a potencioalemnte demandar estás practicas ahora prohibidas,”

Esta sentencia sirvió como fundamento legal del acuerdo ministerial del 16 de junio de 2017 llamado Normativa para la erradicación de la discriminación en el ámbito laboral cuyo objetivo es delimitar la legalidad de los requisitos solicitados a los potenciales trabajadores frente a un empleador.

Según el abogado Freile hay dos partes que se deben recalcar de la sentencia de la Corte. La primera desde el punto de vista del trabajador y la segunda desde el empleador. “ Todo empleado ahora sabe que no le pueden pedir el referido certificado como requisito para acceder a un trabajo, pues lo dispone una setnencia de la Corte Constitucional y no un instructivo que es facilmente revocable o impugnable y cuyo incumplimiento unicamente acarrea una sanción administrativa., opina Freile. Y desde el punto de vista del empleador sirve como advertencia. “Si el empleador sigue pidiéndolo, se expone a que lo demanden por violación de derechos constitucionales, tales como derecho a la igualdad y trato no discriminatorio.”.

Esta sentencia ratifica lo dispuesto en el decreto ejecutivo 1166 del 17 de mayo de 2012 que dice que en ningún caso podrá haber la obligación de pedir el certificado de antecedentes penales al postulante de empleo o usuario de cualesquier servicio público o privado en sus diferentes trámites.

Ahora bien, si debido a la naturaleza de la plaza de trabajo que se pretende llenar, el empleador considera que es indispensable la presentación del mentado certificado, éste deberá hacer esta petición formal al Ministerio del Interior y justificar la razón del pedido.

Por último, el abogado Freile recalca también que la sentencia de la Corte sienta un precedente para otras situaciones analogas en las que antes era posible pedir este certificado como al aplicar a un voluntariado o un concurso.

Claves para entender la ley de reactivación económica

El 29 de noviembre del 2017 fue aprobada la ley Orgánica para Impulsar la Reactivación Económica, después de que el presidente Lenín Moreno enviara su proyecto el 1 de noviembre de 2017. El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó el proyecto y lo admitió a trámite seis días después. La Asamblea aprobó una ley con cambios, que fue enviada a Moreno el 30 de noviembre. El Presidente la objetó parcialmente según el oficio enviado el 11 de diciembre al Legislativo.
La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea, encargada de preparar el informe del proyecto enviado por Moreno presentó una propuesta al pleno del legislativo con cambios al 40% de la versión del Presidente de la República. Según el presidente de la Comisión, Pabel Muñoz, el proyecto de Moreno tenía más de 20 artículos que modificaban más de 160 numerales y que la mesa hizo observaciones a 63 numerales.
La ley se aprobó finalmente con cambios en más del 65% de su contenido original. Muñoz dijo que el legislativo no había sido incluido en los diálogos con el sector empresarial y bancario, por lo que no iban a validar los consensos a los que se habría llegado: “Si no somos actores de acuerdo, tampoco somos validadores, tenemos una opinión, un criterio”.
Las 44 modificaciones que se aprobaron que van desde el cambio al título de la ley (pasó a llamarse Ley para Reactivar la Economía, Fortalecer la Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera). Se reformuló la motivación y los considerandos de la Ley (las motivaciones para su aprobación).
La ley elimina la tributación sobre el décimo tercer sueldo. Se eliminó la deducción a las cargas (hijos y cónyuges que no trabajan) que tiene cada familia para aplicar el impuesto a la renta. Se incluyó la posibilidad de que a las personas en las zonas fronterizas del país, acogerse a reprogramaciones de pagos de deudas por impuestos a la salida de divisas, con remisión de intereses multas y recargos. También se incluyó un artículo para que no se pueda cobrar créditos hipotecarios otorgados en el extranjero en inmuebles dentro del Ecuador. Además, la Asamblea eliminó la disposición que permitía a la banca privada manejar el dinero electrónico. Según Muñoz, ese es otro de los acuerdos que la Asamblea desconocía: “Si hay acuerdos no los conocemos, no fuimos parte, no están en nuestro programa de Gobierno, eso nunca lo presentamos”.
El presidente de Ecuador Lenín Moreno había anunciado en cadena nacional su Programa Económico de Gobierno la noche del miércoles 11 de octubre del 2017. Moreno propuso siete medidas:

1. Incentivos para la creación de empleos,
2. Fortalecimiento de la dolarización,
3. Implementación del dinero electrónico,
4. Medidas de austeridad en el Gobierno,
5. Lucha contra el contrabando y la evasión de impuestos,
6. El Plan Toda Una Vida, y
7. La protección a la población de atención prioritaria.

El presidente Moreno incluye medidas económicas para las personas que tienen mayores ingresos, como el aumento del precio de la gasolina, la eliminación del subsidio del gas doméstico o la reducción de sueldos a los servidores públicos de cargos jerárquicos.

De la misma manera, la Ley impone un aumento a la tarifa del Impuesto a la Renta para Sociedades del 22% al 25%, además de imponer un aumento de tres punto porcentuales en caso de que la sociedad tenga accionistas, socios, participes, constituyentes, beneficiarios o cualquier figura similar que tengan una participación directa o indirecta superior al 50%.

Adicionalmente, impone que el deber de información de las sociedades sobres sus accionistas, socios, partícipes, constituyentes, beneficiarios o cualquier figura similar se entenderá cumplido siempre y cuando la información remitida al Servicio de Rentas Internas sea sobre el beneficiario efectivo (esto, cuando en algún lugar de la cadena de propiedad, una persona natural no residente en Ecuador pueda usar el ordenamiento jurídico de su residencia para ocultar el beneficiario efectivo o la real propiedad del capital).

El Presidente ha ofrecido varios incentivos para las empresas. En primer lugar, preguntará al pueblo, a través de la Consulta Popular, sobre la eliminación de la Ley para Evitar la Especulación de la Tierra, denominada “Ley de Plusvalía” (es el incremento de valor de un bien inmueble, que no es fruto de la acción directa del propietario y pertenece al municipio).

Moreno envió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para eliminar el anticipo del Impuesto a la Renta (que permite al Estado obtener ingresos antes de la finalización de un determinado ejercicio económico), a las empresas cuyas ventas anuales no alcancen los 300 mil (aproximadamente el 82% de las empresas existentes). La microempresas que actualmente pagan ese impuesto dejarán de pagarlo durante los primeros 11 mil dólares de utilidad que generen. De esta manera, beneficiarán a más de 36 mil empresarios. Por otro lado, los nuevos microemprendedores, no pagarán el Impuesto a la Renta durante los dos primeros años desde la creación de su empresa.

En el proyecto de ley se elimina el impuesto a las tierras rurales (este impuesto se trata que los dueños de terrenos tienen que pagar cada año un monto de $11,29 por cada hectárea o fracción de hectárea de tierra que sobrepase las 25 o 70 hectáreas dependiendo del caso) para dinamizar al sector agrícola, que es otro sector generador de empleo. Con la participación de la banca pública se hará la ampliación del crédito productivo para productores y emprendedores.

El Decreto Ejecutivo de Austeridad Fiscal fue la primera medida de Moreno para controlar el gasto corriente y de inversión. Con él, disminuyó en 10% el sueldo de los funcionarios con cargo de nivel jerárquico, con salarios superiores a $2.368; se limitó la contratación de consultorías y racionalizó el pago de horas extras y de viáticos por residencia; se suprimió la compra de vehículos de lujo y los gastos innecesarios en pasajes y viáticos, entre otros. Esto permitirá, según el decreto, un ahorro de 500 millones de dólares.

De igual manera, el compromiso del gobierno es reducir progresivamente el déficit fiscal, del 4,7% del PIB actual a cerca del 1 % en 2020 (es decir, que el gobierno no realice “gastos permanentes” que son los sueldos y salarios de los trabajadores y no permanentes- gasto público social- innecesarios, para mejorar la economía).

De acuerdo al numeral 3 del artículo 4, que trata sobre las reformas al Código Tributario, la presentación de la solicitud de facilidades de pago no suspende el procedimiento coactivo, sino únicamente cuando estas facilidades hayan sido concedidas, quedando a criterio del funcionario recaudador el levantamiento o sustitución de las medidas cautelares que se hayan dictado.

Esta reforma afecta al sujeto pasivo, quien a pesar de haber reconocido la deuda y propuesto una fórmula de pago, corre el riesgo de que las medidas cautelares no sean levantadas, a pesar de que el procedimiento coactivo se encuentra suspendido.

Un incentivo creado por la Ley es la condonación de deudas con entidades extintas del sistema financiero por hasta $150.000, a favor de personas naturales, sean deudores principales o responsables solidarios, o en sociedad conyugal o de bienes, cuando el cónyuge deudor haya fallecido. Para las personas cuya deuda es mayor al monto referido, se les condonará la deuda hasta por dicho monto, quedando pendiente de pago el saldo que quede de conformidad con las reglas comunes.

También se beneficiarán de esta condonación los deudores que hayan sido víctimas de una discapacidad o enfermedad catastrófica, rara o huerfana que haya sobrevenido después del otorgamiento del crédito.

Las preguntas de la consulta popular

El lunes 4 de diciembre en el registro oficial se publicó la convocatoria para el referéndum y para la consulta popular para que los ecuatorianos y extranjeros residentes en el Ecuador con derecho a sufragio se pronuncien sobre varias preguntas el 4 de febrero de 2018. Esta es la duodécima vez en la historia del Ecuador que sus ciudadanos votan por una consulta popular.

En el considerando se explica que la consulta popular y el referéndum son para “recuperar el espíritu de la Constitución de Montecristi” que se ha truncado “por distintos vicios ocurridos dentro del proceso de construcción política, debilitando la institucionalidad y el sentir democrático”.

Los cinco tipos de reformas son: reformas atinentes a la lucha contra la corrupción; reformas en materia de reelección indefinida; reformas atinentes a la participación social e institucionalidad; reformas atinentes a lo social; y reformas en materia ambiental.

Son siete preguntas —con su contexto político particular— que fueron presentadas por el presidente Lenín Moreno y que los ecuatorianos tendrán que responder sí o no, acompañados de sus respectivos anexos.

Las cinco preguntas del referéndum con sus contextos son las siguientes:

1.- ¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador, para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país, y con la pérdida de sus bienes, según lo dispuesto en el Anexo 1?

Si se aprueba se modificarían artículos e incisos de la Constitución de la República, el Código Orgánico Integral Penal, la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, y la Ley Orgánica del Servicio Público.

2.- ¿Para garantizar el principio de alternabilidad, está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2015, según lo establecido en el Anexo 2?

Si ganase el sí en esta pregunta se modificaría parte del texto del artículo 144 de la Constitución de la República.

3.- ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros, y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos, de acuerdo al Anexo 3?

Si se aprueba esta pregunta, además de las enmiendas constitucionales, se terminaría anticipadamente los periodos constitucionales de los consejeros principales y suplentes del Consejo.

4.- ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes, según el Anexo 4?

Si se aprueba se modificarían artículos e incisos de la Constitución de la República y el Código Orgánico Integral Penal.

5.- ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos, de conformidad con lo establecido en el Anexo 5?

Con esta pregunta se agregaría un inciso a la Constitución de la República y se sustituirá un artículo del Código Orgánico de Ambiente.

Y las dos preguntas de la consulta popular son:

1.- ¿Está usted de acuerdo con que se derogue la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos, conocida como “Ley de Plusvalía”, según el Anexo 1?

En el anexo se explica que el Presidente de la República deberá enviar un proyecto de ley a la Asamblea con el carácter de económico urgente para derogar la Ley de Plusvalía en un plazo no mayor de 15 días desde la publicación de los resultados en el Registro Oficial.

2.- ¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas?

Desde la publicación del registro oficial, el contenido de la consulta popular y el referéndum debió ser comunicado al Consejo Nacional Electoral y la Corte Constitucional. También se debió al Ministro de Finanzas para que asigne los recursos fi nancieros necesarios para la realización de la Consulta Popular. Artículo y se debió notificar al Contralor General del Estado para que imponga las sanciones administrativas a las que hubiere lugar, individualizando las responsabilidades correspondientes.

Reporte de activos monetarios en el exterior

Desde este mes es obligatorio para las personas naturales y sociedades residentes en el Ecuador reportar al Servicio de Rentas Internas la información sobre activos monetarios que mantengan en entidades financieras del extranjero

El 20 de noviembre se publicó en el Registro Oficial una resolución que establece la obligación de las personas naturales y sociedades residentes en el Ecuador de reportar información sobre activos monetarios que mantengan en instituciones financieras del exterior, ya sean estos titulares de forma individual o colectiva, de manera directa o indirecta. Quienes deben presentar esta información deben cumplir al menos una de las siguientes condiciones:

1. Que los activos monetarios que mantenga en instituciones financieras del exterior registren en el ejercicio fiscal al que corresponda la información, transacciones individuales o acumuladas, iguales o mayores a USD 100.000,00

2. Que en cualquier momento del ejercicio fiscal al que corresponda la información, se exterior un saldo mensual promedio igual o mayor a USD 100.000,00

3. Que el saldo de los activos monetarios que mantenga en instituciones financieras del exterior sea al final del mes igual o mayor a USD 100.000,00

4. Que al 31 de diciembre del ejercicio fiscal respecto del cual se presenta la información el saldo de los activos monetarios que mantenga en instituciones financieras del exterior —individual o acumulado— sea igual o mayor a USD 100.000,00

Cuando los valores estén expresados en monedas distintas al dólar de los Estados Unidos se calcularán con la cotización al último día hábil del año anterior al que corresponda la declaración.

Si quienes tengan que presentar la información tienen titularidad en forma conjunta de los activos monetarios en instituciones bancarias del exterior, deberán presentar la información de manera individual, al menos que pertenezcan a una sociedad conyugal o unión de hecho.

Toda la información presentada tendrá carácter confidencial.

Los datos deberán subirse una vez al año, en febrero del año siguiente al que corresponden los datos. El día exacto dependerá del noveno dígito de la cédula o RUC:

Noveno dígito del RUC Fecha máxima de presentación
1 10 de febrero
2 12 de febrero
3 14 de febrero
4 16 de febrero
5 18 de febrero
6 20 de febrero
7 22 de febrero
8 24 de febrero
9 26 de febrero
0 28 de febrero

 

Si es un extranjero residente en el Ecuador y tiene pasaporte y no cédula, tendrá como la fecha de quienes tienen cero (0) como el noveno dígito de la cédula de identidad.

Cuando se cumplan los plazos de caducidad, el SRI podrá solicitar la información correspondiente. Si una persona está obligada a presentar la información, no cumple con la presentación requerida, serán sancionados de conformidad con la normativa tributaria vigente. Y al cumplir la sanción impuesta no se exime de la obligación de presentar la información correspondiente.

Los sujetos pasivos obligados deberán presentar la información relacionada con las cuentas o depósitos que mantengan en instituciones financieras del exterior, a partir del año 2014, de acuerdo a este calendario:

Período Fecha máxima de presentación
Año 2014 Hasta el 29 de diciembre de 2017
Años 2015 y 2016 Hasta el 31 de enero de 2018

 

 

Cinco puntos clave para entender la Ley Económica de Lenín Moreno

El 1 de noviembre de 2017, el presidente de la República Lenín Moreno envió a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Orgánica para impulsar la reactivación económica del Ecuador. Al presentar el proyecto, Moreno dijo que no eran ajustes para la población de atención prioritaria, que se garantiza la estabilidad tributaria,  y que sólo analizará la reducción de impuestos a medida que la economía del país mejore. El proyecto de ley tiene tres pilares:

  1. El incremento de tres puntos del impuesto a la renta
  2. El combate al contrabando y la evasión de impuestos
  3. El fortalecimiento de la dolarización

Para completar la propuesta económica de Moreno, debe tenerse en cuenta, también, el plan de austeridad impuesto por el Presidente  y la eliminación de la Ley de Plusvalía que quiere promover mediante una consulta popular.

1

El incremento de tres puntos del impuesto a la renta

Según el presidente Moreno, es necesario subir el impuesto a la renta de 22 a 25%, porcentaje en que estuvo hasta 2010. Esta medida tiene como objetivo poder cumplir con una de sus promesas de campaña, el programa Toda una Vida, que ofrece asistencia como entrega de viviendas de desarrollo social, cuidado prenatal, nutrición infantil, educación de excelencia, empleo y jubilación universal, y un bono económico, para las personas más pobres del país.

El incremento no aplicará para las micro y pequeñas empresas. Tampoco para quienes desarrollen actividades que garanticen un ingreso permanente de dólares al país.

Otro cambio es que quienes ganen más de tres mil dólares mensuales deberán pagar el impuesto a la renta sobre su décimo tercer sueldo a partir de 2018.

La propuesto del presidente Moreno contempla la eliminación del anticipo al impuesto a la renta de las empresas que tuvieran ventas de hasta 300 mil al año. Para implementarla, Moreno enviará a la Asamblea un proyecto de ley. Según el Ejecutivo, beneficiará al 82% de las empresas existentes en el país. Cerca de 36 mil empresarios, según dijo Moreno.

Los nuevos microemprendedores no pagarán el impuesto a la renta durante los dos primeros años de creada su empresa.

En esa misma propuesta se exonera a las microempresas ya establecidas de pagar el impuesto a la renta por sus primeros once mil dólares de utilidad.

Las empresas que facturan más de $ 300 mil recibirán una devolución progresiva del anticipo del impuesto a la renta. “Comenzaremos con el 50% durante el año 2018, siempre y cuando se cumpla con el compromiso de mantener o incrementar las plazas de empleo”, dijo Lenín Moreno.

2

Contrabando y evasión de impuestos

En su propuesta, Moreno dice que “con el contrabando no solo se ve lesionado el Estado, pues este delito afecta directamente a las industrias, al empleo y a la colectividad, frenando el desarrollo productivo. Estas malas prácticas empresariales pueden ser vistas desde distintas perspectivas, siendo una de ella la subvaloración de las mercancías que ingresan a las aduanas, disfrazándolo de formalidades.”

Para combatir el contrabando y la evasión, el título VI del proyecto de Ley contiene una serie de reformas para la determinación de las obligaciones tributarias y aduaneras. Incluso, reforma el artículo 299 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

El artículo 299 del COIP tipifica el delito de defraudación aduanera: “La persona que perjudique a la administración aduanera en las recaudaciones de tributos, sobre mercancías cuya cuantía sea superior a ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años y multa de hasta diez”. Establecía 6 conductas punibles:

1. Importe o exporte mercancías con documentos falsos o adulterados para cambiar el valor, calidad, cantidad, peso, especie, antigüedad, origen u otras características como marcas, códigos, series, modelos; en el presente caso el ejercicio de la acción penal no depende de cuestiones prejudiciales cuya decisión competa al fuero civil.

2. Simule una operación de comercio exterior con la finalidad de obtener un incentivo o beneficio económico total o parcial o de cualquier otra índole.

3. No declare la cantidad correcta de mercancías.

4. Oculte dentro de mercancías declaradas otras mercancías sujetas a declaración.

5. Obtenga indebidamente la liberación o reducción de tributos al comercio exterior en mercancías que según la Ley no cumplan con los requisitos para gozar de tales beneficios.

6. Induzca, por cualquier medio, al error a la administración aduanera en la devolución condicionada de tributos.

El proyecto de Ley presentado por Moreno pretende reformar el inciso inicial, reemplazando las palabras “cuya cuantía” por “cuyo valor en aduana”. Además, añade un numeral después del sexto: “Declare subvaloradas las mercancías”.

El proyecto también contempla que se fijen aranceles que protejan la industria nacional, y una tasa de control (de 10 centavos de dólar) para financiar la lucha de las aduanas contra el contrabando.

 

3

Fortalecer la dolarización

Para fortalecer la dolarización, Moreno presentará una ley que incentive la repatriación de capitales. A quienes traigan sus capitales productivos en los próximos 12 meses, se les exonerará del Impuesto a la Renta hasta por cinco años.

A los exportadores se les devolverán impuestos por el ingreso de divisas y por mantener las plazas de empleo.

Se mantendrá el Impuesto a la Salida de Divisas, porque esa medida debilitaría la dolarización.

Según Moreno, hay que entrar sin temores al uso de la tecnología para fortalecer el sistema monetario, por lo que cooperativas y bancos operarán el dinero electrónico, bajo la supervisión y control del Estado.

4

Austeridad (mediante Decreto Ejecutivo)

El 1 de septiembre de 2017, Moreno firmó el Decreto Ejecutivo de Austeridad Fiscal para controlar el gasto corriente y de inversión. En él, unificaba la la escala remunerativa del personal de las empresas y banca pública a la del sector público, se eliminaron las vacantes de todas las instituciones del Estado y se ordenaba la creación de un banco de servidores para reasignar personal en otras entidades.

Además, se estipulaban otras medidas como la reducción del 10% de las remuneraciones de los servidores públicos a los funcionarios del grado jerárquico superior 2, la evaluación de las las cargas de trabajo de los funcionarios y obreros para buscar una optimización en las dos empresas estatales Petroamazonas y Petroecuador.

El decreto limita, también, la contratación de consultorías y asesorías. Además, plantea no reconocer pagos de viáticos por residencia, controles en los viajes al exterior y la disminución de las movilizaciones internas de las autoridades, dando preferencia a las videoconferencias. El decreto también prohibía la compra de pasajes aéreos premier, salvo para miembros del gabinete y personal autorizado por la Secretaría General de la Presidencia. El decreto ordenaba también seleccionar las cotizaciones de pasajes de menor valor. En otras medidas, prohíbe realizar eventos públicos y de capacitación en hoteles, hosterías y locales privados, excepto los autorizados por la Secretaría de la Presidencia. El decreto no aplica a las funciones Legislativa, Judicial y Electoral, pero les exhorta a aplicar las disposiciones.

Según el Ejecutivo, estas medidas podrían generar un ahorro de hasta 500 millones de dólares.

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Eliminar Ley de Plusvalía (vía consulta popular)

En la propuesta de Consulta Popular que analiza la Corte Constitucional, Moreno propuso la eliminación de la La Ley para Evitar la Especulación de la Tierra (conocida como Ley de Plusvalía).

Según el presidente, esta medida está destinada a “garantizar trabajo y empleo”. La ley de Plusvalía fue una polémica medida introducida por el gobierno anterior.

Desde su anuncio, fue criticada con fuerza por el diferentes sectores económicos. El presidente de la Federación Nacional de Cámaras de la Construcción, Enrique Pita, sostenía que el proyecto era “inoportuno e inconveniente” porque generaba incertidumbre en el sector, que según las proyecciones del Banco Central iba a decrecer en un 10%.  En julio de 2017, el presidente Moreno pidió su revisión argumentando un impacto negativo en esta actividad. “Recordemos que la construcción es un sector de la economía que dinamiza todos los demás. Hemos sufrido un deterioro de —7% en el crecimiento”, le dijo a la BBC en una entrevista.

En el proyecto de ley presentado por Moreno en noviembre de 2017, se elimina también el impuesto a las tierras rurales para dinamizar al sector agrícola.

Ley para aplicar la consulta popular sobre paraísos fiscales

El 19 de febrero de 2017, durante las elecciones presidenciales en el país, se realizó una consulta popular que incluía la siguiente pregunta: “¿Está usted de acuerdo en que para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público se establezca como prohibición tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza en paraísos fiscales?”

La consulta tuvo como antecedente datos oficiales del Servicio de Rentas Internas (SRI) que dicen que el 50% del capital social de grandes contribuyentes viene del exterior, y un 70% de estos están triangulados a paraísos fiscales. Este antecedente motivó al Ejecutivo de ese entonces a plantearse como un método de “transparencia” para los funcionarios públicos tener como requisito que aquellos ciudadanos que aspiren a desempeñar un cargo público, no tengan bienes o capitales aportados a paraísos fiscales.

El SÍ ganó en la consulta y el 8 de septiembre de 2017, la Asamblea Nacional expidió la Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular efectuada el 19 de febrero de 2017, en la que se establecen los lineamientos de cómo se aplicará esta prohibición a los servidores públicos.

Los preceptos de esta ley se aplicarán a aquellos que tengan un cargo de elección popular, a los servidores públicos, a los candidatos o postulantes a un cargo público de elección popular, y a quienes aspiren ingresar al servicio público. No aplica para aquellos funcionarios que presten un servicio exterior en los países que sean considerados como paraísos fiscales, a los postulantes al servicio público (que sean estudiantes o becarios) y que se encuentren en países o jurisdicciones consideradas paraísos fiscales y a los candidatos a asambleístas en representación de las circunscripciones del exterior que sean considerados paraísos fiscales. Esta excepción establece la posibilidad de mantener bienes inmuebles o bienes muebles de naturaleza corporal dentro del paraíso fiscal siempre que hayan sido obtenido durante misión, beca o estudios.

Los funcionarios públicos sujetados a esta ley tienen prohibido poseer bienes y capitales en paraísos fiscales ya sean como propietarios directos o indirectos. Es decir, que no pueden ser accionistas ni miembros de un directorio, constituyentes, beneficiarios o tener cualquier otra modalidad respecto a un tipo de derecho representativo en alguna sociedad que posea bienes o capital en paraísos fiscales. Esta prohibición se extiende, inclusive, a gozar de dichos bienes de forma indirecta, es decir que, si la cónyuge o hijos del obligado tienen bienes en paraísos fiscales, estos deben probar que la propiedad de dichos bienes no implica evasión tributaria alguna.

Es importante mencionar que, según esta ley, solo serán considerados como paraísos fiscales aquellos que el Servicio de Rentas Internas designe, no obstante aquellos países que, por criterios generales ya son considerados con esta calidad. En el caso de que nuevas jurisdicciones ingresen al listado del SRI, los funcionarios públicos tendrán el plazo de 1 año contado desde la expedición de dicho acto normativo para cumplir con los lineamientos estipulados en la ley. Es decir que, si el servidor público tiene bienes o es accionista en alguna compañía que posee un bien en paraísos fiscales y dicha jurisdicción ingresa al listado expedido por el SRI, entonces el funcionario, si quiere conservar su calidad de servidor público deberá renunciar a dichos bienes.

En el caso de que un funcionario público, postulante a servidor público o candidato a un cargo de elección popular incumpla con los lineamientos estipulados en la ley se sancionará con destitución o pérdida del cargo. En el caso de los servidores públicos, la Contraloría General del Estado ejecutará la destitución. En el caso de los funcionarios con cargos de elección popular, lo hará la Corte Constitucional. Las destituciones del Presidente, Vicepresidente de la República y Asambleístas, estarán a cargo de la Corte Constitucional que realizará una resolución ratificatoria para que el Pleno de la Asamblea Nacional adopte la decisión que por ley corresponda.

En esta Ley también se concede la “Acción Popular”, una herramienta legal que permite a los ciudadanos a presentar ante la Contraloría General del Estado su denuncia en el caso de conocer a personas que violen las disposiciones ordenadas en esta ley.

Por lo tanto, aquellos postulantes a cargos de elección popular o a servidores públicos, deberán presentar ante el órgano competente una declaración juramentada de no tener bienes o capital en ningún paraíso fiscal.

La Ley en un sentido plenamente objetivo busca que los servidores judiciales ecuatorianos no sean sujetos a delitos de carácter tributario con la idea de proyectar una mejor imagen gubernamental, así como de mejorar la “calidad” de los candidatos a postularse a cargos de elección popular. Es decir, menos personas que puedan cometer actos de corrupción. Sin embargo ¿podrá la ley garantizar que esto se convierta en un método de transparencia eficaz? Puede que a simple vista sí, pero solo la correcta aplicación de las disposiciones indicadas en esta ley probará su eficacia en el futuro.

Instructivo para el cumplimiento de las obligaciones de los empleadores públicos y privados

El registro del trabajador El empleador deberá registrar la información de sus empleados en la plataforma informática del Ministerio del Trabajo, hasta 30 días después de que haya ingresado el trabajador.

Si el empleador incumple el registro en el plazo establecido, el Ministerio de Trabajo le impondrá una multa que no supere los veinte salarios básico unificados del trabajador privado en general.

Las actas de finiquito Por regla general, el empleador debe registrar —en la plataforma informática— el acta de finiquito y la constancia de su pago, máximo 30 días después de la terminación de la relación laboral. En los casos en que la relación laboral termine por acuerdo de las partes, el plazo será de 15 días.

Los documentos que debe cargar al sistema son: el acta de finiquito firmada por el empleador y ex trabajador y el comprobante de pago.

En caso de incumplimiento del registro y/o pago se notificará al empleador con una providencia preventiva de sanción para que en el término de 5 días ejerza el derecho a su defensa. En caso de no desvirtuar la infracción, se establecerá una multa equivalente a $200. La multa se impondrá por cada acta de finiquito no registrada.

Reglamento interno de trabajo Todo empleador que cuente con más de 10 trabajadores deberá elaborar y registrar el Reglamento Interno de trabajo —en la plataforma informática de la página del Ministerio de Trabajo— en un plazo máximo de 15 días, a partir de la expedición del presente Acuerdo Ministerial.
Actualización de información El empleador deberá mantener actualizados los documentos que sustenten lo registrado, aprobado y reportado en la plataforma informática para que sean presentados a las autoridades de control cuando se lo requiera.
Seguridad, salud del trabajo y gestión de riesgos El empleador deberá registrar, aprobar y notificar sus obligaciones laborales en materia de seguridad y salud en el trabajo, respecto a 19 temas, entre esos accidentes de trabajo; enfermedades profesionales; incidentes; mediciones; identificación y evaluación de riesgos laborales; planes de seguridad; higiene, salud ocupacional; emergencia, entre otros.

Si estas obligaciones se incumplen, las Direcciones Regionales del Trabajo y Servicio Público notificarán al empleador con una providencia preventiva de sanción para que en el término de 15 días ejerza el derecho a su defensa. Si no se desvirtúa la infracción, el empleador deberá pagar una multa equivalente a $200 por cada trabajador hasta un máximo de veinte salarios básicos unificados.

El registro del empleador privado A través de la plataforma informática habilitada en la página web del Ministerio de Trabajo deberá registrarse como usuario. Luego deberá adjuntar la declaración de cumplimiento legal, en el formato que determine la plataforma informática.

El empleador privado deberá estar al día en todas las obligaciones prescritas en el artículo 42 del Código del Trabajo.

Si se incumple el registro, el Ministerio del Trabajo notificará al empleador con una providencia preventiva de sanción para que en 5 días ejerza el derecho a su defensa. Si no se desvirtúa la infracción, se emitirá la Resolución sancionatoria que impondrá una multa equivalente a $200.